Un antiguo asistente administrativo del Ayuntamiento de Copenhague se sienta esta semana en el banquillo acusado de vender datos personales de ciudadanos daneses a bandas criminales vinculadas mayoritariamente a inmigrantes, que utilizaron esa información para planificar robos violentos, agresiones y un intento de asesinato por encargo.
Según la acusación presentada por la Fiscalía, el procesado —un hombre de 27 años— aprovechó su puesto en la administración municipal para acceder de forma sistemática al registro nacional de población (CPR), extrayendo números de identificación, direcciones, vínculos familiares y otros datos sensibles de al menos 1.598 personas. Esa información era posteriormente vendida a redes criminales a cambio de dinero.
El inspector jefe de la Unidad Nacional de Delitos Graves de Dinamarca (NSK), Henrik Andersen, ha calificado el caso de «extremadamente grave» y ha advertido del peligro que supone que empleados públicos colaboren con el crimen organizado: «Es muy preocupante que personas en posiciones de confianza dentro del Estado o de los municipios ayuden a los delincuentes a desarrollar su actividad».
Uno de los episodios más alarmantes relacionados con la filtración de datos tuvo lugar en el verano de 2024. Según la Fiscalía, el acusado facilitó el número de identidad, la dirección y los datos familiares de un hombre residente en la localidad de Herning. Esa información fue utilizada por una banda criminal para organizar un asesinato por encargo.
Para ejecutar el crimen, el grupo contrató a dos menores suecas de 14 y 15 años, que cruzaron la frontera y entraron a Copenhague armadas con una pistola cargada el 10 de junio de 2024. El plan fracasó únicamente porque la víctima no se encontraba en su domicilio en ese momento.
Además de este caso, la investigación sostiene que los datos vendidos sirvieron para localizar a víctimas y a sus familiares, a quienes las bandas sometieron a violencia extrema para robar dinero y objetos de valor.
El juicio ha sacado a la luz la facilidad con la que el acusado pudo consultar el registro nacional entre junio de 2023 y julio de 2024 mientras trabajaba como asistente municipal, sin controles efectivos que impidieran el abuso del sistema.
La Fiscalía considera probado que el procesado era consciente de que la información sería utilizada con fines delictivos y, aun así, aceptó ese riesgo. Por ello se enfrenta a cargos por complicidad en robo, agresión grave y homicidio en grado de tentativa, además del uso ilegal de datos personales.
El acusado reconoce haber accedido de forma ilícita a la información, pero niega su implicación directa en los delitos violentos.
El caso se produce en un contexto de creciente preocupación por la criminalidad organizada en Dinamarca. Un informe oficial del Ministerio de Justicia, publicado en octubre de 2025, reveló que casi el 75% de los condenados por delitos relacionados con bandas en el país son inmigrantes ilegales o descendientes de inmigrantes de países no occidentales.
Entre 2018 y 2025, 213 personas fueron condenadas bajo el artículo 81a del Código Penal —que permite duplicar penas cuando el delito puede desencadenar violencia entre bandas—. De ellas, solo 54 eran de origen danés, frente a 153 inmigrantes o descendientes de inmigrantes no occidentales.
El juicio se celebra en el Tribunal Municipal de Copenhague y está previsto que se prolongue durante ocho días. El veredicto se conocerá el próximo 24 de marzo.
