Un nuevo informe nacional ha puesto cifras al deterioro de la seguridad en Suecia y al fracaso de décadas de inmigración masiva e integración fallida. El estudio identifica a 50.165 personas como parte del núcleo del crimen organizado en el país y eleva la cifra a 224.390 si se incluyen colaboradores, facilitadores y personas vinculadas al entorno criminal.

El informe, elaborado en el marco de la iniciativa Sweden Against Organized Crime a partir de datos de la Policía sueca y de la base Acta Pública, advierte de que el crimen organizado ya no puede entenderse sólo como un fenómeno de bandas callejeras o delitos aislados. Por el contrario, aparece profundamente entrelazado con la economía legal, las empresas, las prestaciones públicas, el mercado laboral y determinadas estructuras institucionales.

Uno de los datos más significativos es la composición del grupo analizado. Alrededor del 30% de los individuos del núcleo del crimen organizado nació en el extranjero; el 49% tiene dos progenitores nacidos fuera de Suecia; y el 60% tiene al menos un progenitor nacido en el extranjero. Todo ello en un país donde los inmigrantes de primera y segunda generación representan en torno al 27% de la población.

El propio informe advierte de que el crimen organizado no puede reducirse únicamente al origen migratorio, ya que un 40% del núcleo criminal está formado por personas nacidas en Suecia de padres también nacidos en el país. Sin embargo, también reconoce una sobrerrepresentación clara de personas con origen migrante dentro del fenómeno criminal organizado.

La evaluación sostiene que el entorno del crimen organizado puede vincularse a cerca del 40% de todos los delitos sospechosos registrados en Suecia entre 1995 y 2023. Entre ellos figuran delitos de drogas, violencia, robos, fraude, delitos económicos y delitos relacionados con armas de fuego.

El informe subraya, además, que esas cifras se refieren sólo a criminalidad detectada y registrada, por lo que la dimensión real del problema podría ser mayor. Las organizaciones criminales son descritas como estructuras adaptativas, oportunistas y diseñadas precisamente para evitar la detección policial y administrativa.

La penetración en la economía legal es otra de las grandes alertas del documento. Cerca del 18% del núcleo criminal tuvo algún tipo de vínculo empresarial entre 2015 y 2023, y el grupo aparece relacionado con más de 20.000 empresas. Según el informe, las sociedades mercantiles pueden proporcionar a los criminales legitimidad, locales, vehículos, mano de obra, contratos públicos, canales de transacción y mecanismos para blanquear dinero.

El problema alcanza también al sistema de bienestar. El núcleo del crimen organizado recibió alrededor de 27.000 millones de coronas suecas —unos 2.500 millones de euros— en prestaciones, subsidios y ayudas registradas entre 2015 y 2024. Si se incluye la red más amplia, la cifra asciende a unos 178.000 millones de coronas. El estudio matiza que esos pagos no son automáticamente fraudulentos, pero muestran el grado de contacto entre actores criminales y los sistemas fiscal, laboral y asistencial del Estado.

La evaluación detecta asimismo presencia de personas vinculadas al crimen organizado en sectores sensibles como la atención social, la seguridad, la vigilancia, la sanidad, la banca, las finanzas y la administración pública. En algunos casos, individuos del círculo interior o exterior del crimen organizado aparecen incluso como representantes electos, algo que el informe considera numéricamente limitado, pero estratégicamente grave por el acceso al poder que esos cargos proporcionan.