El Gobierno de Suecia ha anunciado un nuevo plan para introducir pulseras electrónicas de vigilancia para menores desde los 13 años que se encuentren en riesgo de ser reclutados por bandas criminales. La medida forma parte de la ofensiva del Ejecutivo de Ulf Kristersson contra la violencia de las mafias, que en los últimos años ha convertido al país escandinavo en uno de los principales focos europeos de tiroteos, ajustes de cuentas y explosiones vinculadas al crimen organizado.
La propuesta permitiría a los servicios sociales imponer estos dispositivos a niños y adolescentes considerados vulnerables a la captación criminal. Según las estimaciones oficiales, entre 50 y 100 menores podrían ser vigilados electrónicamente para garantizar que respeten los horarios y restricciones fijados por los trabajadores sociales.
La ministra sueca de Servicios Sociales, Camilla Waltersson Grönvall, ha defendido que el dispositivo tendría la apariencia de un reloj o una pulsera para evitar una imagen similar a las tobilleras utilizadas con delincuentes condenados. El objetivo, según el Gobierno, es intervenir antes de que los menores caigan definitivamente bajo el control de las redes criminales.
La medida llega en un contexto de creciente alarma por el uso de menores por parte de las bandas. Las mafias suecas han recurrido cada vez más a niños y adolescentes para ejecutar delitos graves, aprovechando que los menores de 15 años no podían ser enviados a prisión bajo la legislación vigente. Las autoridades han reconocido que existen 173 menores de 15 años sospechosos de estar implicados en asesinatos o planes de asesinato, una cifra que refleja la magnitud del deterioro de la seguridad en el país.
Suecia ya ha dado un giro penal de enorme calado. A partir del 1 de julio de 2026, la edad de responsabilidad penal bajará de 15 a 13 años para delitos castigados con al menos cuatro años de prisión, como homicidios, atentados con explosivos o agresiones graves. La reforma ha sido presentada por el Ejecutivo como una respuesta necesaria al uso de menores como instrumentos de las redes criminales.
El Gobierno sueco sostiene que la vigilancia electrónica debe utilizarse en situaciones graves para romper a tiempo patrones destructivos y garantizar la seguridad del menor. Desde octubre de 2025, además, la Policía sueca puede intervenir comunicaciones electrónicas de menores de 15 años dentro de la ampliación de poderes de investigación contra el crimen organizado.
La propuesta, sin embargo, ha sido criticada por organizaciones de derechos de la infancia, el Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito y Unicef, que han advertido sobre el impacto de estas medidas en las libertades civiles de los menores. El debate refleja la tensión entre la tradición sueca de protección social y una realidad criminal que ha desbordado los instrumentos clásicos del Estado del bienestar.
