El apagón masivo en España el pasado lunes dio la razón a una advertencia clara lanzada por Bruselas en octubre de 2023, cuando la Comisión Europea publicó el informe Espacio Común Europeo de Datos Energéticos, en el que alertaba de los riesgos crecientes de inestabilidad y apagones en redes eléctricas dominadas por fuentes renovables intermitentes como la solar y la eólica. El caso español representa la primera gran confirmación de los peligros descritos en el documento.
El informe, elaborado por el Centro de Especialización en Transición Energética para la Dirección General de Energía (DG ENER), subrayaba que «la creciente penetración de energías renovables ha creado una volatilidad adicional que supone un desafío para la integración de la red». Y añadía que las grandes fluctuaciones en la generación eléctrica, junto con el auge de pequeños productores distribuidos, podían impactar en el mercado eléctrico y provocar congestiones, sobrecargas e incluso desconexiones.
En otras palabras, Bruselas ya reconocía que el actual modelo energético verde, impulsado sin la suficiente previsión técnica, entraña «peligros» concretos para la seguridad del suministro. La naturaleza intermitente de la producción solar y eólica implica que la generación puede caer o dispararse en cuestión de minutos, desestabilizando una red que necesita equilibrio continuo entre oferta y demanda. Y cuando esa red carece de suficientes mecanismos de flexibilidad, el resultado puede ser un apagón generalizado.
Para afrontar esta situación, el informe insistía en la urgencia de dotar al sistema de herramientas digitales avanzadas y capacidad de adaptación en tiempo real. Sin citar directamente la inteligencia artificial, el texto afirmaba que la operación de redes con alta penetración renovable «requería de un ecosistema digital avanzado para la comunicación entre organizaciones y dispositivos».
El informe también alertaba sobre otro factor de riesgo emergente: la carga masiva de vehículos eléctricos. El documento señalaba que la electrificación del transporte «podía aumentar considerablemente los picos de demanda», y que estos sólo pueden evitarse si los procesos de carga están coordinados digitalmente. De lo contrario, añadía, se corre el riesgo de que millones de cargas simultáneas colapsen la red eléctrica.
Pero el diagnóstico de la Comisión también identificaba amenazas concretas derivadas de la digitalización acelerada. A medida que más dispositivos y actores se conectan al sistema eléctrico (paneles solares, baterías domésticas, vehículos, etc.), crece la vulnerabilidad frente a ciberataques, fallos técnicos o sabotajes. «La amenaza de interrupciones dirigidas aumenta», advertía el documento, antes de reclamar un marco de confianza y ciberseguridad sólido «para evitar que estos elementos digitalizados se conviertan en un riesgo sistémico».
