Un informe elaborado con las estadísticas policiales sobre delincuencia y solicitado por la formación soberanista AfD ha desvelado que en Alemania se contabilizaron 751 violaciones en grupo durante 2025 y que el 53% de los sospechosos identificados en estos delitos no tenía la nacionalidad alemana.
Los datos, obtenidos por el diario WELT a través de una petición dirigida al Gobierno federal, reflejan que fueron registradas 772 víctimas, de las cuales 693 eran mujeres. Además, alrededor del 80% de las personas que sufrieron estas agresiones tenían ciudadanía alemana.
En cuanto a los presuntos autores, las estadísticas recogen un total de 1.083 sospechosos. De ellos, 574 eran extranjeros, mientras que 509 contaban con nacionalidad alemana. Entre los sospechosos extranjeros, los grupos más numerosos correspondían a ciudadanos de Siria (110), Afganistán (64), Irak (46) y Turquía (44), además de otras nacionalidades. El informe precisa que no existe un registro específico sobre el posible origen migratorio de los sospechosos con nacionalidad alemana.
Por distribución territorial, Renania del Norte-Westfalia concentró el mayor número de casos, con 161 denuncias. Le siguieron Berlín, con 118; Baja Sajonia, con 113; y Baviera, con 91, situándose como las regiones con mayor incidencia de este tipo de delitos durante el pasado año.
Aunque la cifra de 2025 supone un ligero descenso respecto a ejercicios anteriores, el fenómeno continúa manteniéndose en niveles elevados. Según los datos facilitados por el Ejecutivo federal, en 2024 se registraron 788 violaciones en grupo, mientras que en 2023 fueron 761 y en 2022 alcanzaron las 789.
El informe también pone de manifiesto que el 72% de los sospechosos de los casos esclarecidos ya figuraba previamente en los registros policiales. A raíz de estos datos, el diputado de AfD Stephan Brandner sostuvo que las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado frenar este tipo de criminalidad. El dirigente reclamó una respuesta más contundente por parte de las autoridades, con procedimientos judiciales más ágiles, penas más severas y la retirada del permiso de residencia a los delincuentes extranjeros condenados por estos hechos.
