Alemania vuelve a ofrecer un retrato descarnado del fracaso de su modelo migratorio. Un ciudadano bosnio, identificado como Huso B., lleva 23 años bajo orden obligatoria de abandonar el país y, pese a ello, continúa residiendo en territorio alemán mientras percibe 7.250,77 euros mensuales en ayudas públicas.
El caso, revelado por el diario alemán Bild, se ha convertido en símbolo de una administración incapaz de ejecutar sus propias resoluciones judiciales, pero extraordinariamente eficaz a la hora de transferir dinero del contribuyente.
El ciudadano bosnio, Huso B., acumula antecedentes penales y una orden firme de deportación que se remonta a más de dos décadas. Sin embargo, sigue viviendo en Alemania con su esposa y sus ocho hijos en una vivienda sufragada íntegramente por el Estado.
El coste anual para las arcas públicas asciende a 87.000 euros, en virtud de la Ley de Prestaciones para Solicitantes de Asilo, que cubre «gastos de manutención» y otras ayudas sociales. A ello se suma el alquiler gratuito de la vivienda proporcionada por la administración.
El absurdo burocrático alcanzó su punto álgido en diciembre de 2025. El Tribunal Regional de Colonia tenía previsto juzgarlo por presunto fraude contra una cadena de droguerías, tras tres episodios distintos.
El juicio fue suspendido porque, según las autoridades, no se pudo entregar la citación judicial en su domicilio. El servicio postal habría sido incapaz de notificarle personalmente la comparecencia, ni siquiera dejando aviso en el buzón. El resultado: procedimiento paralizado.
Sin embargo, la misma administración que alegaba no poder localizarlo seguía enviando puntualmente las transferencias mensuales a esa misma dirección, registrada tanto por el Ayuntamiento de Colonia como por la oficina de empleo.
La paradoja se volvió escándalo cuando periodistas de Bild acudieron directamente al domicilio del inmigrante en el sur de Colonia. Encontraron su buzón con el nombre claramente visible y, además, al propio Huso B. en persona. El propio interesado aseguró a los reporteros que no tenía problemas legales y que la última investigación en su contra databa de 2014.
Tras la publicación del reportaje, la Fiscalía reaccionó. El fiscal jefe Ulrich Bremer reconoció que el acusado «está siendo buscado», aunque aclaró que no existe orden de arresto porque sería “«desproporcionada» en relación con los cargos. No obstante, anunció que revisarían nuevamente la dirección a la luz de la investigación periodística.
