Un inmigrante pedófilo a ganado el derecho a luchar contra su deportación en el Reino Unido después de que un juez haya considerado que no representa una amenaza actual para la sociedad, pese a sus antecedentes por abusos sexuales a una menor.
La decisión judicial abre la puerta a que su caso sea revisado desde el inicio, lo que le permitirá intentar permanecer en el país tras haber recurrido la orden de expulsión dictada por el Ministerio del Interior británico.
El hombre, identificado como Edi Cardoso Ramos, de 29 años y origen portugués, había sido condenado en su país por un delito sexual grave cometido contra una niña de cinco años. Los hechos ocurrieron en 2012, cuando él tenía 19 años, y la sentencia llegó en 2014, con una pena de tres años de prisión suspendida, que no llegó a cumplir al acatar las condiciones impuestas.
Años después, en 2018, se trasladó al Reino Unido y, en 2020, solicitó el permiso de residencia. En ese trámite negó tener antecedentes penales, lo que posteriormente se convertiría en uno de los puntos clave del proceso judicial.
Su historial delictivo no salió a la luz hasta 2024, cuando fue interceptado por la policía en territorio británico mientras se encontraba con una prostituta en su vehículo. Aunque en ese momento solo recibió una advertencia, las comprobaciones posteriores permitieron descubrir su condena en Portugal.
A raíz de ese hallazgo, las autoridades británicas iniciaron el procedimiento para expulsarlo del país, argumentando que suponía un riesgo para mujeres y menores. Sin embargo, Ramos recurrió la decisión ante los tribunales.
Durante la vista en el Tribunal Superior de Inmigración y Asilo, la defensa sostuvo que el acusado no había actuado con intención de ocultar su pasado, sino que interpretó de forma errónea el formulario oficial. Según su versión, entendió que la pregunta sobre antecedentes penales se refería únicamente a delitos cometidos en el Reino Unido.
El juez Paul Lodato consideró creíble esta explicación y concluyó que se trató de un «error honesto», descartando que existiera una intención deliberada de engañar a las autoridades.
Además, el magistrado analizó si el individuo suponía una amenaza real en el presente y determinó que el Ministerio del Interior no había logrado demostrar que existiera un peligro actual suficientemente grave para justificar la deportación.
En su resolución, el juez señaló que las conductas recientes —como el incidente con la prostituta— no evidencian la continuidad del patrón delictivo por el que fue condenado años atrás.
Aunque reconoció que la ocultación de la condena generaba dudas sobre su comportamiento, finalmente concluyó que no era suficiente para considerarlo un riesgo inmediato. Por ello, decidió admitir el recurso y permitir que el proceso continúe.
De este modo, el inmigrante podrá seguir defendiendo su permanencia en el Reino Unido mientras se reevalúa su situación legal.
