La cámara alta británica ha respaldado una de las liberalizaciones más radicales de la ley del aborto en Europa al rechazar un intento de frenar la eliminación de sanciones penales por interrumpir el embarazo, incluso en fases muy avanzadas de la gestación.
Con 185 votos en contra y 148 a favor, los miembros de la Cámara de los Lores tumbaron la enmienda presentada para suprimir esta medida del proyecto legislativo sobre delincuencia y policía. La iniciativa ya había superado previamente el trámite en la Cámara de los Comunes, por lo que el rechazo en la cámara alta deja prácticamente despejado el camino para su implantación definitiva.
El cambio supone una modificación profunda del marco legal vigente en Inglaterra y Gales. Hasta ahora, el aborto estaba tipificado como delito, aunque permitido bajo condiciones específicas —habitualmente hasta las 24 semanas— y con excepciones en casos graves. La nueva disposición elimina ese componente penal para las mujeres, lo que introduce una ruptura significativa con el sistema anterior.
Además, los lores rechazaron otras propuestas vinculadas al mismo debate. Entre ellas, una iniciativa para recuperar la obligatoriedad de consultas presenciales antes de recetar píldoras abortivas, que fue descartada por 191 votos frente a 119. De este modo, se mantiene el modelo instaurado durante la pandemia, que permite la realización de abortos tempranos en el domicilio.
En paralelo, la cámara también dio luz verde a una medida para indultar a mujeres que habían sido condenadas en el pasado por interrumpir sus propios embarazos, reforzando así el enfoque de despenalización.
La enmienda que pretendía bloquear la reforma fue impulsada por la baronesa Monckton, quien alertó de que se trataba de un cambio de gran alcance. Entre las preocupaciones expresadas durante el debate figuraba el riesgo de que aumenten los abortos en etapas avanzadas sin supervisión médica directa.
Fuera del Parlamento, distintas organizaciones han reaccionado con dureza. Desde el grupo provida Right to Life, su portavoz Catherine Robinson calificó la medida como una de las más extremas adoptadas en el ámbito legislativo británico, advirtiendo de sus posibles consecuencias.
El contexto social también refleja división. Según una encuesta citada en el debate, el respaldo ciudadano a la posibilidad de abortar hasta el final del embarazo sería muy reducido. Aun así, la reforma continúa su tramitación y, a falta de completar los últimos pasos parlamentarios, no se prevé que la cláusula sea eliminada en las fases restantes del proceso.
