Un tribunal de apelación en Suecia ha resuelto que un inmigrante de 19 años condenado por una agresión sexual a una menor no será expulsado del país, al considerar que el delito no cumple los requisitos legales necesarios para aplicar la deportación.
La decisión judicial se produce después de que la Fiscalía solicitara su expulsión tras la condena. Sin embargo, el tribunal concluyó que, aunque los hechos son graves, no pueden catalogarse como un delito de carácter «especialmente grave», criterio exigido por la normativa sueca para adoptar esa medida.
El condenado deberá cumplir una pena de tres años de prisión y abonar una indemnización de 240.000 coronas suecas a la víctima, una adolescente de 16 años. El caso ya había pasado por una fase anterior en la que el acusado fue absuelto por falta de pruebas, pese a que la denuncia fue presentada de inmediato por la joven y su entorno familiar.
Los hechos ocurrieron en la localidad de Skellefteå, cuando la menor regresaba a su domicilio tras finalizar su jornada laboral en un establecimiento de comida rápida. Según la investigación, el agresor la interceptó en la vía pública, le sustrajo el teléfono móvil y la obligó a dirigirse a un túnel cercano.
En ese lugar se produjo la agresión, que terminó cuando la víctima logró escapar. La resolución ha suscitado debate en Suecia sobre la aplicación de los criterios legales en casos de este tipo, especialmente en lo relativo a la expulsión de personas condenadas por delitos graves.
