Las autoridades de Países Bajos han detectado un creciente fraude migratorio mediante el cual inmigrantes procedentes de África y Oriente Medio logran permisos de residencia utilizando falsos reconocimientos de paternidad con ciudadanos neerlandeses, aprovechando un vacío legal que las instituciones admiten tener grandes dificultades para frenar.
Según el Servicio de Inmigración y Naturalización de Países Bajos (IND), varias mujeres extranjeras están utilizando a ciudadanos neerlandeses —muchas veces completos desconocidos— para registrar legalmente a sus hijos como si fueran su padre o madre, lo que posteriormente les permite solicitar un permiso de residencia en el país.
Las autoridades han detectado casos especialmente llamativos. Uno de ellos involucra a un ciudadano neerlandés de origen surinamés vinculado a 47 solicitudes de residencia, mientras que otro ha reconocido 25 bebés nacidos de 17 mujeres diferentes, que posteriormente solicitaron su permiso de residencia basándose en ese vínculo legal.
El fenómeno se ha extendido en los últimos años. El IND ha registrado alrededor de 400 casos sospechosos de fraude relacionados con este tipo de reconocimientos de paternidad, mientras que las solicitudes de residencia basadas en tener un hijo con un ciudadano neerlandés superan ya las 3.000 al año.
Las nacionalidades más frecuentes en este tipo de expedientes proceden de Marruecos, Turquía, Ghana, Nigeria y Surinam, según los informes oficiales.
Las investigaciones apuntan a la existencia de redes organizadas de los llamados «padres ficticios», ciudadanos neerlandeses que reconocen legalmente a hijos de extranjeros a cambio de dinero, facilitando así el acceso a la residencia.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en 2017 contribuyó a abrir la puerta a este fenómeno. El fallo estableció que una madre extranjera podía permanecer en el país si tenía un hijo reconocido por un ciudadano neerlandés. Desde entonces, más de 17.500 solicitudes de residencia basadas en este mecanismo han sido presentadas, y la gran mayoría han sido aprobadas.
Uno de los problemas señalados por las autoridades locales es que los tribunales suelen exigir pruebas casi imposibles para demostrar el fraude, lo que dificulta que los ayuntamientos puedan bloquear los reconocimientos sospechosos.
De hecho, incluso cuando existen contradicciones entre los supuestos progenitores o se rechazan pruebas de ADN, los jueces han ordenado en varios casos continuar con el reconocimiento legal del menor al no poder probarse de forma concluyente que el objetivo principal fuera obtener la residencia.
Las autoridades civiles advierten además de las consecuencias sociales del fenómeno, ya que muchos niños quedan registrados con padres legales que en realidad nunca participarán en su vida.
Ante el aumento del fraude, expertos y administraciones locales reclaman una reforma legal similar a la adoptada en Bélgica, donde desde 2018 el reconocimiento de paternidad con fines migratorios constituye un delito.