La crisis de vivienda en Países Bajos continúa agravándose. El déficit habitacional ha aumentado hasta las 410.000 viviendas, lo que equivale al 4,8% del parque inmobiliario total, según un informe anual de la consultora Capital Value citado por medios neerlandeses.
El dato supone un incremento respecto a los casi 400.000 hogares que faltaban el año anterior y aleja aún más el objetivo fijado por anteriores gobiernos de reducir el déficit al 2,1% en 2031. Las previsiones actuales apuntan a que en esa fecha el desajuste seguirá siendo del 3,9%.
En paralelo, cifras recopiladas a partir de datos oficiales en Países Bajos indican que el 44% de las aproximadamente 2,2 millones de viviendas sociales del país están ocupadas por hogares con origen migrante, es decir, inmigrantes de primera y segunda generación. Esto equivale a unas 972.000 viviendas.
Si se incluyen también los hogares de tercera generación, el porcentaje ascendería hasta el 55% del total del parque de vivienda social, alrededor de 1,2 millones de unidades.
La categoría de «origen migrante» se basa en estadísticas de la Oficina Central de Estadística (CBS) que combinan datos sobre propiedad de vivienda, tamaño de los hogares y concesión de permisos de residencia. Aunque el organismo no publica directamente una cifra consolidada sobre ocupación de vivienda social por origen, las estimaciones manejan un margen de error aproximado del ±5%.
Los llamados «status holders» —solicitantes de asilo a los que se les ha concedido un permiso de residencia temporal, generalmente por cinco años— representan el 7,9% de las adjudicaciones anuales de vivienda social. Sin embargo, cuando se analizan únicamente las primeras adjudicaciones (es decir, sin contar traslados dentro del propio sistema), ese porcentaje se eleva hasta el 28%.
El peso de los hogares con origen migrante en la vivienda social se ha duplicado desde el año 2000, cuando representaban el 22%. Las proyecciones apuntan a que podrían alcanzar el 51% en 2030.
Además, determinados colectivos presentan tasas de dependencia especialmente elevadas del parque público: el 92% de los inmigrantes sirios de primera generación residen en vivienda social, así como el 90% de los nacidos en Somalia, Afganistán y Eritrea.
