Una investigación reciente publicada por el diario Expressen ha revelado la existencia de un entramado de escuelas, centros preescolares y sociedades mercantiles en Suecia que, durante años, habrían canalizado de forma irregular enormes cantidades de dinero público hacia círculos vinculados al islamismo radical. Según el portal sueco, la cifra desviada superaría los mil millones de dólares procedentes de fondos destinados a educación y políticas sociales.
Lejos de tratarse de casos aislados, el reportaje describe una estructura organizada y persistente, sostenida por vínculos familiares, afinidades ideológicas de corte salafista y complejas maniobras de fraude financiero. Esta red habría operado durante más de una década con subvenciones estatales mientras sus responsables acumulaban beneficios personales, lo que ha desembocado en cierres en cadena de centros educativos, condenas penales y la huida de varios implicados fuera del país, según avanza Voz Media.
Las autoridades suecas comenzaron a intervenir cuando se detectaron tanto irregularidades económicas graves como conexiones con entornos extremistas. En algunos expedientes, la actuación se produjo tras advertencias del Servicio de Seguridad Sueco (Säpo), que alertó del riesgo que suponían determinados responsables de estos centros. Las investigaciones derivaron en la retirada de licencias, el bloqueo de subvenciones y procesos judiciales por delitos económicos.
El fiscal jefe de la Autoridad Sueca de Delitos Económicos, Henric Fagher, resumió la magnitud del problema en declaraciones al medio: el perjuicio no sólo es financiero, sino también social, ya que los recursos públicos dejaron de cumplir su finalidad mientras unos pocos se enriquecían mediante su apropiación indebida.
Expressen sostiene que detrás de los distintos casos existe una doble red perfectamente conectada, en la que confluyen religión, negocios y crimen económico. Entre los nombres más relevantes figuran imanes radicales como Abo Raad, Abdel Nasser El Nadi y Hussein al-Jibury, junto a empresarios y asesores financieros que habrían articulado la contabilidad opaca. Entre estos últimos destaca Abdirizak Waberi, antiguo diputado, y Mohammad al-Kotrani, señalado como una pieza clave en la ingeniería financiera de la trama.
A medida que avanzaban las investigaciones y se acumulaban deudas fiscales millonarias, varios de los principales implicados abandonaron Suecia. El reportaje detalla cómo algunos salieron del país antes de que se ejecutaran órdenes judiciales o deportaciones. Abo Raad, considerado una amenaza para la seguridad nacional, dejó Suecia de forma voluntaria; Abdel Nasser El Nadi habría huido con grandes sumas depositadas en cuentas en el extranjero; y Rabie Karam, fundador de escuelas en varias ciudades, se refugió en Egipto tras no presentarse para cumplir su condena. La Agencia Tributaria sueca persigue actualmente a estos individuos por decenas de millones en impuestos impagos.
La investigación periodística también señala que el esquema no se limitó al ámbito educativo. Parte de la red intentó extender su actividad a hogares de acogida para menores migrantes no acompañados (menas), empresas de asistencia social e incluso organizaciones deportivas, utilizadas presuntamente como vía para desviar subvenciones. En algunos casos, los fondos acabaron en manos de asociaciones islamistas radicales o predicadores extremistas.
Este contexto llevó al Gobierno de Suecia a reconocer públicamente, a comienzos de octubre, la creciente influencia del islam político en distintas instituciones del país. El Ejecutivo anunció entonces la apertura de una investigación oficial para evaluar el alcance de esta infiltración, con especial atención al papel de los Hermanos Musulmanes en barrios, escuelas, servicios sociales e incluso estructuras políticas.
La decisión estuvo motivada, en parte, por un informe oficial francés publicado en 2025 que situaba a Suecia como uno de los principales focos de actividad islamista organizada en Europa. La investigación gubernamental será desarrollada por una comisión de expertos en terrorismo, seguridad y ciencias sociales, y sus primeras conclusiones no se esperan hasta 2026.
En conjunto, el trabajo de Expressen dibuja un escenario en el que confluyen radicalización ideológica, uso fraudulento de fondos públicos y delincuencia económica a gran escala. Lo que inicialmente se interpretó como cierres puntuales de centros educativos se revela ahora como una red sistemática que drenó recursos del modelo de bienestar sueco, facilitó la expansión de discursos extremistas y deja tras de sí un rastro de procesos judiciales, centros clausurados y responsables huidos al extranjero.
