Un tribunal superior de inmigración del Reino Unido ha vuelto a bloquear una deportación en un caso que evidencia las grietas del sistema. Una ciudadana albanesa condenada por robos, Fatmire Isaku, ha evitado por ahora su expulsión tras convencer a la corte de que su marido fue quien la incitó a mentir sobre su identidad y antecedentes.
Isaku solicitó la naturalización en tres ocasiones después de llegar al país con su esposo, Islam. Todas fueron rechazadas por ocultar condenas por robo. Además, falseó su lugar y fecha de nacimiento, asegurando haber nacido en 1958 en Pristina (Kosovo) para reforzar una eventual protección, cuando en realidad nació en 1952 en Tirana (Albania).
En 2011, presentó una cuarta solicitud que sí fue aprobada al año siguiente, y sus tres hijos obtuvieron la ciudadanía británica por naturalización. El caso dio un vuelco cuando salió a la luz que ninguno era kosovar, sino albanés, lo que llevó al Home Office a retirarles la nacionalidad.
Isaku inició entonces una batalla judicial para conservar su derecho a permanecer en el país. Un tribunal inferior rechazó su recurso, pero ahora un tribunal superior ha ordenado reexaminar el caso, aceptando que el marido pudo «iniciar y supervisar» las mentiras.
La defensa añadió que Isaku padece problemas graves de salud mental, lo que —según alegó— limitaría su responsabilidad en el engaño. El juez Jonathan Perkins sostuvo que el tribunal previo no valoró adecuadamente los informes médicos ni su posible impacto en la conducta de la acusada.
El fallo reconoce que el fraude está acreditado, pero cuestiona cómo el grado de culpabilidad incrementa o reduce el interés público en retirar una nacionalidad obtenida indebidamente. Con ese argumento, el tribunal consideró errónea la resolución anterior y ordenó un nuevo examen del caso.