Hace poco más de 150 días desde que se proclamara vencedor de las elecciones generales al Partido Laborista y los británicos están ya hartos de su nuevo primer ministro izquierdista, Keir Starmer. Una petición para que se convoquen nuevas elecciones generales ha recibido más de dos millones de firmas en sólo dos días.
La petición se resume en una frase: «Me gustaría que hubiera otras elecciones generales». La idea es que el actual Gobierno laborista ha incumplido las promesas de campaña.
La petición ha sido compartida por el CEO de Twitter/X, Elon Musk, quien ha criticado la Policía «orwelliana» bajo el primer ministro, Keir Starmer, así como por figuras destacadas del Reform UK de Nigel Farage y del Partido Conservador.
La petición llega tras la imposición del impuesto de sucesiones a las granjas familiares por parte del Partido Laborista, la eliminación de los pagos de apoyo al combustible de invierno a los jubilados y su catastrófica actitud ante la inmigración ilegal, por citar sólo algunos de sus desmanes más sonados.
Starmer, naturalmente, ha descartado convocar elecciones anticipadas, mientras sus colaboradores recuerdan que el Partido Laborista barrió en la reciente votación. Y, sí, los laboristas obtuvieron la mayoría de los escaños parlamentarios, pero con una baja participación y un voto popular deprimido, lo que ayuda a explicar su rápida caída en el apoyo público.
Ni siquiera hay acuerdo sobre la petición entre las voces opositoras. Muchos conservadores opinan que este tipo de cosas «las hace la izquierda, no nosotros», recordando que se rechazó repetir el referéndum sobre el Brexit pese a una petición con el respaldo de seis millones de firmas.
Pero hay observadores —como Patrick O’Flynn, socialdemócrata de tendencia culturalmente tradicional— que entienden que la oposición reflejada en la petición no es contra los laboristas específicamente, sino contra todo el paradigma de centroizquierda instalado desde principios de siglo y que imponen por igual los dos partidos dominantes.
En cualquier caso, el Gobierno está obligado a responder a la petición, y el Parlamento también debe debatirla. Es probable que todavía quede por llegar otro millón de firmas.
