Las denuncias de los vecinos de Lubieszyn, pequeño paso fronterizo al noroeste de Polonia, han destapado una práctica tan alarmante como silenciada: patrullas de la Policía Federal alemana introducen de madrugada a inmigrantes ilegales en Polonia y se marchan sin avisar siquiera a las autoridades locales.
La escena se repite, según los residentes, desde hace medio año y se ha intensificado tras la llegada al poder de Friedrich Merz (CDU). Los efectos son palpables: casi no pasa un día sin que aparezca un minibús con las matrículas germanas, se abra la puerta y los recién llegados queden abandonados a su suerte.
Frente a la pasividad del Ejecutivo liberal de Donald Tusk, socio del PP, los propios ciudadanos han decidido organizarse. Así nació el Movimiento de Defensa Fronteriza, patrullas vecinales que vigilan los caminos secundarios y denuncian cada «operación nocturna» de Berlín. La semana pasada, treinta voluntarios trataron de impedir una de estas maniobras; dos de ellos acabaron detenidos, por la policía alemana y en suelo polaco, lo que encendió aún más los ánimos y atrajo a un centenar de nuevos apoyos en cuestión de horas.
El presidente electo Karol Nawrocki, que tomará posesión el 6 de agosto, no ha dejado lugar a dudas: «La situación es grave y el Estado ha perdido el control«. Anuncia un Consejo de Ministros extraordinario para exigir todos los datos sobre inmigrantes ilegales en Polonia e insta al actual presidente, Andrzej Duda, a intervenir incluso antes si fuera necesario.
Bruselas calla y Varsovia minimiza. El gabinete Tusk tacha las denuncias de «histeria» agitada por la prensa conservadora. Nawrocki lo rebate: “Cuando los vecinos se ven obligados a patrullar y a detener ellos mismos a los coches policiales alemanes, no hablamos de histeria; hablamos de que el Gobierno ha abdicado de su deber”.
Berlín se escuda en el Reglamento de Dublín, alegando que sólo devuelve a quienes entraron desde Polonia. Pero la norma exige consentimiento expreso del país receptor, y ningún organismo europeo obliga a acreditar el punto exacto de entrada. Resultado: la palabra de la Bundespolizei contra el silencio cómplice de Tusk.
El escándalo trasciende las fronteras polacas. En los Países Bajos ya emergen iniciativas ciudadanas similares para frenar lo que, a todas luces, se ha convertido en un traslado encubierto de masas migratorias desde el corazón de Alemania hacia los socios del Este. Mientras tanto, la Comisión Europea prefiere mirar hacia otro lado y seguir con sus sermones sobre “solidaridad” y “reparto equitativo de cuotas”. Los polacos, al menos, ya han dicho basta.
