VOX ha logrado impulsar la petición para que el Parlamento Europeo investigue y debata la obligatoriedad de la baliza V16, una medida aprobada en España que ha generado una creciente polémica por su coste, su funcionamiento y la forma en la que se ha impuesto a millones de conductores.
La iniciativa, defendida por eurodiputados de VOX, ha permitido que el asunto llegue a la agenda del Parlamento Europeo, donde se analizará si la exigencia española se ajusta a los principios de proporcionalidad, competencia y protección del consumidor. La baliza V16 es obligatoria en España desde el 1 de enero de 2026 y ha sustituido definitivamente a los triángulos de emergencia tradicionales.
Uno de los principales focos de controversia es que no basta con cualquier baliza luminosa: el dispositivo debe estar homologado y conectado a la plataforma DGT 3.0, de modo que envíe la ubicación del vehículo a los sistemas de tráfico. En la práctica, esto obliga a los conductores a adquirir un modelo concreto, con un precio que suele situarse entre los 40 y los 60 euros, y con una vida útil limitada, ya que la conectividad está integrada y caduca tras un número determinado de años.
Desde VOX se denuncia que la medida crea un mercado cautivo en beneficio de unas pocas empresas homologadas y de la propia Dirección General de Tráfico, que centraliza los datos. Además, se cuestiona su eficacia real en términos de seguridad vial, ya que la baliza no avisa directamente a los conductores que circulan por la vía, sino que depende de que la información llegue correctamente a la «nube» y se integre en los sistemas de gestión del tráfico.
La polémica también ha llegado al terreno político y personal. Desde VOX se acusa al director de la DGT, Pere Navarro, de impulsar una «comedia tecnológica» más orientada al negocio que a la prevención de accidentes, y se critica que España haya ido mucho más lejos que otros países europeos, donde este tipo de dispositivos no son obligatorios o conviven con alternativas más sencillas.
Con el debate abierto en Bruselas, el Parlamento Europeo estudiará si la imposición de la baliza V16 vulnera la normativa comunitaria sobre libre competencia y si existen soluciones menos gravosas para los ciudadanos. Mientras tanto, la obligación sigue adelante en España, en un contexto de creciente rechazo social y con millones de conductores obligados a comprar un dispositivo que, según sus críticos, simboliza más un abuso administrativo que un avance real en seguridad vial.
