Santa Cruz comienza este viernes el día 27 de paro cívico. Hecho que en sí mismo ya se traduce en una medida de protesta como muy pocos antecedentes históricos en el país, tanto por su duración como por su intensidad. Pero en los últimos días se han registrado nuevos hechos violentos que invitan al departamento y su ciudadanía a plantearse viejos desafíos con mayor determinación, como el de “revisar su relación con el Estado”, como bien planteó Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz en el último cabildo del día domingo.
Entre tales hechos destaca que tanto el Instituto Nacional de Estadística (INE) como el propio gabinete de Arce, mintieron durante todo el año afirmando que la realización del censo de población y vivienda 2022 tenía un avance del 95% y que estaba garantizada para este pasado 16 de noviembre. La postergación inconsulta del mismo hasta 2024; dos paros cívicos cruceños anteriores; las amenazas de muerte a autoridades y dirigentes cívicos, cerco de la ciudades, tomas de empresas privadas e instituciones públicas y la suspensión de exportaciones; el llamado a una serie de mesas de trabajo técnico cuyo único objetivo fue el de dilatar el proceso y agotar la huelga cruceña; y una serie de enfrentamientos violentos a iniciativa de grupos afines al régimen de Arce (apañados por la propia policía) con ciudadanos que guardaban vigilia del paro, aunque también bloqueando avenidas y carreteras.
Resurge la discusión de un futuro federalista o de mayor autonomía departamental
Con tal antecedente, Calvo propuso en el cabildo “revisar la relación de Santa Cruz con el Estado”, aunque ya hace exactamente un año se había empezado a hablar de federalismo.
Empero, esta vez la propuesta de Calvo ha sido interpretada de distintas maneras, como la búsqueda de una profundización de las autonomías departamentales o una república federal, pero de ninguna manera la independencia, como el régimen de Arce y no pocos de los grupos de interés que lo rodean han asegurado con tono amenazante. Al punto de que, por ejemplo, Juan Carlos Huarachi, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), dio un plazo de 72 horas para abandonar Bolivia a “los croatas y yugoslavos separatistas que se creen dueños de Santa Cruz”.
En todo caso, quien quiera y plantee que Santa Cruz debe separarse de Bolivia lo dirá abiertamente y sin rodeos. Lo demás son presuposiciones, porque ni autonomía ni federalismo son sinónimos de independencia o secesión explícitas, y quien pretenda confundir las cosas lo hará buscando chivos expiatorios.
Pues bien, hasta aquí no existe novedad respecto de cómo surgen y se encaran distintos conflictos en el país. Sin embargo, también ha habido interpretaciones antojadizas por parte de la propia arrogancia intelectual de izquierda funcional al régimen quienes, aunque se consideran opositores, huyen y se oponen a la sola idea de debatir sobre federalismo para el país como un mecanismo para distribuir el poder político, presentando argumentos esquivos y arrogantes como “no es el momento” o “no estamos preparados”.
Al respecto, es de suma importancia destacar el hecho de que cada departamento en Bolivia ha delegado o aceptado que el gobierno central (indistintamente de quién se encuentre gobernando) asuma determinadas competencias, pero éste no sólo las ha incumplido de manera sistemática con Santa Cruz y desde mucho antes que diera un salto cualitativo considerable al menos desde los años 70 probablemente, sino que además ha abusado del poder que aquello implica, y más aún durante el largo tiempo de los últimos 16 años que viene gobernando el Movimiento al Socialismo (MAS).
De forma más reciente y respecto del conflicto concreto por el censo, el régimen de Arce ha pretendido justificar su incompetencia mostrándose como víctima de la iniciativa y aspiraciones autonomistas o federalistas de Santa Cruz y su liderazgo ciudadano, y además miente, amenaza, humilla y ataca a los ciudadanos que lo cuestionan o no lo respaldan, recurriendo a su monopólico uso de la violencia.
Es decir, Santa Cruz se están planteando ideas que ya trascienden al conflicto concreto por el censo por la manera en que el régimen ha reaccionado, totalmente desmedida y abusiva contra, que se ha volcado a las calles en protestas masivas y pacíficas exigiendo a Arce que cumpla con su trabajo y su palabra empeñada.
Es así, justamente, que nace la aspiración federalista cruceña o de profundizar las autonomías, de un legítimo reclamo tanto ante la incompetencia del gobierno central como por sus vejámenes.
Entonces, ¿por qué habría que evitar tal discusión?
Pando, Oruro o Potosí también debatir la distribución de poder
Ante tal discusión, también han surgido legítima inquietud por parte de ciudadanos de otros departamentos con menor desarrollo relativo que el de Santa Cruz, como Oruro, Potosí, que probablemente perderían escaños en la Asamblea Legislativa, o que, por ejemplo, no se atreven a proclamar al litio del Salar de Uyuni como propio, por ejemplo, por temor a represalias políticas probablemente.
Por ejemplo, Potosí también aspira al federalismo, justamente con el objetivo de tener control sobre las reservas de litio. No obstante, hay un elemento por demás importante que no se debe perder de vista: la idea de que en cuanto se tengan los primeros resultados del censo se deba encarar un pacto fiscal que rediseñe la política actual de asignación de recursos por concepto de producción y exportación de recursos naturales.
Así como hemos advertido en numerosas oportunidades, el debate sobre federalismo o de mayor autonomía departamental no puede reducirse al cálculo meramente utilitarista de asignar recursos -aunque no por eso más fácil ni menos importante-, sino que implica discutir primero quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se crea riqueza. Los recursos naturales en sí mismos no constituyen riqueza, así como la plata, el guano, el salitre, la plata, el estaño y el gas no lo hicieron antes para el país. Lo único que permite alcanzar la prosperidad es la libertad económica.
Entonces, ni el futuro de Santa Cruz ni el de Oruro ni ningún otro departamento depende ni puede depender de los recursos naturales, sino de la capacidad que cada uno de sus ciudadanos tenga para solucionar problemas de gente que ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio. El futuro de Bolivia jamás dependerá de que ningún gobierno encuentre el próximo recurso natural del que los bolivianos vivirán después.
Pando, por su lado, podría suponer que luego del censo, o con un esquema de mayor autonomía departamental, tendrá menos posibilidades de ser una nueva Santa Cruz. Sin embargo, olvida el hecho de que la misma Santa Cruz fue alguna vez como Pando, o que hoy existen países que alguna vez fueron tan pequeños y con tan poco desarrollo como el suyo, que hoy son potencia no por decisiones de sus políticos, sino a pesar de ellos.
Y, por cierto, esto tampoco depende de que Bolivia mañana sea una república federal o verdaderamente autonómica, pero este esquema de distribución de poder incrementa, aunque sea ligeramente, las probabilidades de que así sea.
