La sociedad argentina se apresta a recordar un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, una época signada por la violencia extrema. El terrorismo urbano y rural llevaba adelante el plan de hacerse del poder y, para tal fin, desarrolló miles de acciones que implicaron asesinatos, secuestros extorsivos, bombas callejeras y hasta llegaron a tomar el control de una porción del territorio nacional, en la provincia de Tucumán. Nadie estaba seguro.
Si bien el blanco elegido eran las fuerzas del orden, la guerrilla argentina, financiada y entrenada en Cuba, recaudaba dinero capturando empresarios por los que exigía millonarios rescates, mientras sembraba el terror en la población civil en su conjunto. Hubo un promedio de un atentado subversivo cada cuatro horas, es decir, seis por día durante una década. 21.700 entre 1969 y 1979 (1500 homicidios, 1800 secuestros, más de 5000 atentados con bombas, tomas de pueblos, izamiento de banderas revolucionarias, miles de heridos, gente mutilada y propiedad privada destruida o ilegalmente apropiada).
Aquellos hechos nos siguen enfrentando por obra de la prédica marxista que distorsionó y envenenó la memoria. La guerra librada en el país para contrarrestar el ataque subversivo nunca fue correctamente explicada. Desde el retorno al sistema democrático de gobierno en 1983, mucho se ha intentado por echar luz sobre esos años, por buscar justicia y por contar lo sucedido. Sin embargo, que 40 años después el tema nos mantenga divididos indica que esa revisión no se hizo bien.
Alguna vez se alentó una cierta esperanza en el sentido de encaminarnos hacia una auténtica reconciliación, que no significa entregar banderas, olvidar acontecimientos y ni siquiera dejar de sufrir. Pero, para seguir adelante, es imprescindible asumir la historia completa y es lo que no se hizo durante las últimas décadas.
Cuando, en 1975, las Fuerzas Armadas fueron encomendadas por el Gobierno constitucional peronista a «aniquilar el accionar subversivo», el país estaba sumido en el terror y la incertidumbre por obra de grupos armados paramilitares extremadamente violentos. El tiempo transcurrido sirve para mirar con perspectiva los acontecimientos. Hoy se hace evidente que nunca se encaró un tratamiento pleno y auténtico de aquellos hechos.
Los movimientos de derechos humanos, que se multiplicaron en las últimas décadas, se enfocaron en demandas parciales. Desde entonces, sólo los grupos violentos que se armaron contra el Estado y el orden institucional tuvieron voz. Se escucharon sus reclamos, sus historias y su versión de nuestro pasado reciente con exclusividad. La narrativa los erigió en víctimas y, casi por defecto, a quienes los reprimieron, en victimarios.
Pero la realidad suele ser más compleja que la explicación binaria que se quiso dar a aquella década trágica. Nos hemos cansado de escuchar: «justicia lenta no es justicia». Pues una verdad a medias tampoco es verdad. Que los terroristas se hayan reivindicado subiéndose al colectivo de las víctimas de la represión es una lectura sesgada y caprichosa de los hechos.
Ellos no son víctimas, sino responsables del baño de sangre vivido en la Argentina. Ellos y sus defensores, abogados, organizaciones no gubernamentales y organismos de derechos humanos creados a su alrededor, cobraron millonarias indemnizaciones tras demandar al estado argentino por sus supuestos padecimientos y por la necesidad, adujeron, de exiliarse en el exterior para salvar sus vidas. Paralelamente, se encargaron de invisibilizar los reclamos de las víctimas del terrorismo que solo piden memoria de los caídos, verdad sobre los hechos y castigo a quienes perpetraron tales y tantos hechos aberrantes.
Sin embargo, el tiempo pasa y nada parece ordenarse. La política evita el tema y los políticos, con una cobardía vergonzosa, prefieren el silencio incómodo a la verdad histórica.
Del kirchnerismo no puede esperarse sino mala fe, pues ha sido y es una gestión marcada por la mentira, la corrupción y el doble discurso y porque, además, muchos de aquellos guerrilleros que participaron entonces del ataque a las instituciones y se beneficiaron con el dinero mal habido que cobraron fungiendo en víctimas, hoy usufructúan cargos de envergadura al calor del estado. Y si no ellos, padecemos a sus hijos en el Gobierno. Pero en el resto del arco político había depositada una expectativa distinta que no sucedió. Y no podremos superar nunca nuestras diferencias mientras se siga consumiendo una versión falaz y recortada de nuestra historia reciente como es el hecho de que cualquier relato inicia en 1976 con el golpe militar, como si antes de esa fecha hubiera reinado la paz.
¿Qué tiene de memoria, de verdadero y de justo un acto que oculta a gremialistas, empresarios, militares y civiles que el terrorismo asesinó? ¿Hay muertos de primera y muertos «de segunda»? ¿Qué les decimos como sociedad a sus familiares o a los de los sindicalistas como José Ignacio Rucci, asesinado en 1973, a los del empresario italiano Oberdan Sallustro asesinado en 1972, a los de los militares Jorge Ibarzábal (secuestrado en enero de 1974 y asesinado diez meses después) y de Argentino del Valle Larrabure (secuestrado en 1974, torturado y asesinado en 1975)? ¿Cómo se cuenta la historia del juez Jorge Quiroga (asesinado en 1974) o la del profesor Carlos Sacheri, asesinado en1974 a la salida de misa frente a sus cinco pequeños hijos? ¿Son menos condenables los crímenes de la joven de 15 años Paula Lambruschini o del empresario Francisco Soldati y los de miles de víctimas de ese terrorismo que sin piedad sembró de sangre y muerte la historia del siglo XX?
¿Cómo se puede adherir a la mentira de una historia mal contada? ¿Cómo se construye concordia sobre la falsedad?
A las puertas de una elección presidencial, la Argentina aún arrastra viejos dramas sin resolver que siguen sangrando y que atraviesan a la sociedad en su conjunto. Necesitamos elevarnos de la mezquindad que ha sido la moneda corriente todas estas décadas y estar dispuestos a cargar la mochila de nuestra historia y de nuestros muertos con dignidad, con dolor pero con nobleza.
