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ARCE INTENSIFICA LA REPRESIÓN

Bolivia, 2022: narcotráfico, deterioro económico y persecución política

Manifestación en Bolivia contra el Gobierno de Luis Arce. Europa Press
Manifestación en Bolivia contra el Gobierno de Luis Arce. Europa Press

Como no podía ser de otra manera, el régimen de Arce Catacora ha hecho un gran esfuerzo mediático y propagandístico para afirmar lo contrario, incluso se ha atrevido a afirmar en días recientes que Bolivia es la segunda mejor economía del mundo, pero lo cierto es que 2022 fue un año muy difícil para el país.

Decadencia política y narcotráfico

Por ejemplo, ha sido un año en el que, en el ámbito político, se ha visto –aunque con un par de honrosas excepciones– una oposición política muy débil, desorientada, totalmente superada por la iniciativa y protesta ciudadana permanente, que no propone y solamente reacciona mal y tarde, que se limita a relatar lo que para el conjunto de la ciudadanía es más que evidente, que no acepta crítica alguna y que, para peor, se ha visto forzada incluso a pedir perdón de forma patética por sus errores, y que mucho menos sabe aprovechar de la decadencia de su mayor adversario político.

También se ha observado una profunda división en el Movimiento al Socialismo (MAS), partido del Gobierno. Por un lado, se encuentran los masistas «renovadores» que apoyan a Arce Catacora como el sustituto ideal de Evo Morales y por otro está la oposición fundamentalmente chapareña que respalda al jefe cocalero para que, de una u otra manera, retorne al poder a pesar del monumental fraude que cometió en 2019 y la cobardía que tuvo al huir hacia México y luego Argentina, dejándolos solos en su defensa.

Este enfrentamiento no es nuevo ni ha comenzado este año, pero ha sido en 2022 donde se ha intensificado notablemente con serias acusaciones de unos a otros, pero que se resume en denunciar qué bando representa mejor el poder el narcotráfico. Así, el MAS ha terminado siendo tanto o más patético que la oposición.

Sin embargo, lo importante a destacar, sin duda alguna, es el hecho de que el narcotráfico y la violencia que lo caracteriza tienen un dominio cada vez mayor del país en todas las esferas, la política, económica, gubernamental, etc. De hecho, la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC) afirmó a finales de noviembre, que solamente en el último año los cultivos de coca crecieron en 1.100 hectáreas, un incremento del 4%.

El deterioro económico está cada vez más avanzado

La economía es aquello sobre lo que Arce más intenta presumir, y con lo que más orgulloso se muestra. Sin embargo, las fisuras son cada vez mayores y preocupantes.

El primer hecho más importante del año llegó tan temprano como en el primer trimestre, cuando se tuvo conocimiento del fracaso de conseguir financiamiento para el modelo de Arce por medio de la emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales. Tal financiamiento permitiría, por sobre todas las cosas, aplazar o diferir la deuda contraída por el mismo concepto 10 años atrás, y, claro, seguir gastando a manos llenas, pero el fracaso fue rotundo: Bolivia colocó solamente $850 millones de los $2.000 millones proyectados a una elevada tasa de interés del 7,5% y un vencimiento de ocho años.

Por supuesto, si Arce busca financiamiento de manera desesperada, es porque el principal negocio estatal, el de la exportación de gas hacia Argentina y Brasil, está llegando cada vez más rápido a su final. La capacidad de producción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es cada vez menor y la necesidad para importar cada vez más combustibles en consecuencia es cada vez mayor, más aún si el mayor esfuerzo macroeconómico está puesto en el estímulo permanente de la demanda interna.

La situación en este sentido es tanto más difícil de sobrellevar cada vez por el régimen de Arce Catacora, que los entendidos en la materia afirman que, más temprano que tarde, el país se verá forzado a importar gas para el consumo interno.

Al mismo tiempo, esa necesidad cada vez mayor de importar combustibles se encuentra con las dificultades del Banco Central para mantener su nivel de reservas, ya no solo para cumplir con su función de Prestamista de Última Instancia ante cualquier eventualidad en el sistema bancario y financiero, sino ya para solventar las importaciones de todo aquello que alguna vez exportó de manera relativamente competitiva, no sólo gas, sino alimento. Esto, además, en el contexto del incremento sostenido de los precios internacionales de las materias primas.

Hasta aquí, como se puede apreciar sin argumentos demasiado elaborados, es que la economía del Estado Plurinacional tiene muy poco o nada de qué presumir como pretende la propaganda oficial de manera tan insistente. Esto es algo que ha motivado a la calificadora de riesgos Standard & Poor’s a rebajar la calificación a Bolivia en diciembre, de de “B+” a “B” (aunque con perspectiva estable), “por el agotamiento de los amortiguadores fiscales y externos” y “la profundización del estancamiento político”.

El paro cívico cruceño por el censo

Ahora bien, no bastante de todo lo anterior, sin duda alguna uno de los eventos más importantes, el que más ha destacado en 2022, ha sido el paro cívico que la ciudadanía de Santa Cruz llevó adelante durante 36 días continuos en reclamo de la realización de un censo de población y vivienda en la primera mitad de 2023.

Al menos a inicios de la gestión, la ineptitud del régimen de Arce no era evidente, pero conforme pasó el tiempo, a mediados de año, comenzaron a sonar las alarmas en relación a que el censo de población y vivienda que se había programado para este año tenía retrasos considerables.

Desde luego, quienes más preocupación manifestaron por el caos en el Instituto Nacional de Estadística, fueron las autoridades cruceñas de distintas instituciones, como la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) o las que agrupa el Comité pro Santa Cruz, pues es este departamento el que, debido a su capacidad de desarrollo y el entorno propicio y favorable para generar riqueza, ha recibido cada vez más migrantes del interior del país, y que, por tanto, mayor cantidad de recursos públicos y mejor asignación de escaños parlamentarios tendría que recibir.

Fue por esto que el departamento encaró uno, dos y hasta tres paros cívicos en el año, además de distintos cabildos ciudadanos a los pies del Cristo Redentor, el último habiendo sido extraordinario por la cantidad de personas que se dieron cita no solamente por la legítima protesta por la realización del censo y los reclamos por la manera en que distintas autoridades del gobierno central permitieron y avalaron el enfrentamiento violento y las distintas amenazas incluso de muerte de autoridades departamentales, cercos a la ciudad «hasta generar hambruna» y la toma de empresas privadas, como aquellos con los que el propio Evo Morales amenazó para tratar de evitar su derrocamiento en 2019, sino por la convicción de que lo que defienden es lo que quieren para el país en su conjunto.

Es cierto que la manera en que el paro cívico concluyó fue un tanto extraña. No hubo una clausura oficial de la medida ni una consulta popular en un último cabildo, ante el anuncio de Arce de que el censo se realizaría en 2024 y no en 2023 (además de que el inicio del Mundial de Fútbol contribuyó a que fuera disolviéndose lentamente), pero quedó claro que Santa Cruz marcó de esa manera un antes y un después en la historia del país.

Lo que hicieron los cruceños con el apoyo de una serie de cabildos masivos, en especial el del 13 de noviembre, fue manifestar que el modelo del Estado Plurinacional fundado forzosamente con la nueva Constitución en 2009, está agotado, que el camino es otro, y que, por tanto, una relación de poder más horizontal y descentralizada -como la que inspira la propia Santa Cruz- es el camino, la aspiración de quien comparta los valores que los cruceños defienden para sí y para el resto del país, “revisando su relación con el Estado”. 

El secuestro de Luis Fernando Camacho

Finalmente, y como broche de oro, Arce Catacora decidió secuestrar al líder opositor y gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, en un operativo violento, sin mandamiento de aprehensión, durante vacación judicial, trasladado de Santa Cruz a La Paz para ser juzgado fuera de jurisdicción y sin que su familia supiera de su paradero durante más de cuatro horas.

Muchas son las conjeturas formadas alrededor del motivo de aprehensión en un principio. Se pensaba que podía ser una muestra de fortaleza y liderazgo de Arce frente a quienes no terminan de decidir si apoyan abierta y decididamente la renovación de su partido o si la continuidad y retorno al poder de Evo Morales. Otros afirman que Arce busca curarse en salud ante los desafíos que 2023 plantea especialmente en el ámbito económico, pues las cifras que ofrece el Banco Central respecto de su capacidad para garantizar la estabilidad en el sistema bancario y financiero no son las mejores, y las de YPFB son todavía peores.

Igualmente, la estatización de la administración de los fondos de pensiones jubilatorias constituye un desafío de importante magnitud, y que solamente recuerda aquella descarada confiscación de las jubilaciones por parte del peronismo kirchnerista en la Argentina de 2008.

Entonces, si acaso Luis Arce se viera forzado a tomar decisiones impopulares en este sentido, busca curarse en salud descabezando posibles movimientos que ocasionen el debilitamiento del poder, tal vez así como sucedió a finales de 2010, cuando Morales buscó la eliminación parcial a la subvención al consumo de hidrocarburos -un «gasolinazo»- y se vio forzado a echar la medida atrás por la reacción violenta de sus propios acólitos.

Más tarde se tuvo conocimiento por parte de un comunicado de la Fiscalía, que el motivo por el que Camacho fue secuestrado por la policía y orden gubernamental es la serie de acusaciones que lleva por el caso «Golpe I», aquel por el que también la expresidenta constitucional Jeanine Áñez guarda prisión ilegalmente desde marzo de 2021. Es decir, el gobernador cruceño se encuentra hoy recluido en Chonchocoro, la cárcel de máxima seguridad del país por algo que no sucedió.

Así ha clausurado Arce el 2022, con un cuadro político que pretende forzar en su favor, una serie riesgos económicos y sociales crecientes e inasumibles, y una mayor acumulación de presos y perseguidos políticos. Por eso, solamente queda arrancar el 2023 con mucha cautela, porque tratar de encontrar algo de previsibilidad a largo plazo en este país es prácticamente imposible.

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