El castigo al que el régimen de Arce Catacora y el Movimiento al Socialismo (MAS) someten a la ex presidenta Jeanine Áñez no cesa y se intensifica implacablemente con la reactivación del denominado caso “Golpe de Estado II” este lunes en su fase de alegatos finales y con su extraordinaria celeridad para dictar una sentencia este martes.
La reinstalación del juicio se ha caracterizado nuevamente por los viejos vicios del MAS que sostiene el MAS desde que tomó el poder hace 16 años: para empezar, los abogados de Áñez pidieron que se declare como inconstitucionales los artículos 153 y 154 del Código Penal, que se refieren al incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El Tribunal Constitucional rechazó el pedido y los abogados apelaron, pero el juicio siguió adelante sin que aún exista una última respuesta al respecto.
Igualmente, así como en otras oportunidades, a la ex mandataria se le ha impedido tener presencia física en su propio juicio y se la ha limitado a una audiencia virtual, pero sobre todo se le negó asistencia médica al haber sufrido una descompensación por un cuadro de hipotermia luego de una extensa e ininterrumpida audiencia de 6 horas, y tampoco se les permitió acceso a los abogados y familiares para verificar su estado de salud.
Luis Guillén, abogado que patrocina a la expresidenta Jeanine Añez, manifestó que en este proceso se han cometido al menos 20 irregularidades, entre las que se destacan no sólo la detención ilegal y sin debido proceso o la falta de atención médica, sino además el hecho de que no sea juzgada en un juicio de responsabilidades, que el juicio se haya dividido o “desdoblado” en los casos denominados “Golpe de Estado I” y “Golpe de Estado II”, o de que no se haya tomado en cuenta las pruebas presentadas por la parte de la defensa.
Asimismo, el Código Penal establece 10 años de prisión por resoluciones contrarias a leyes, pero el Ministerio Público exige una sentencia de 15 años.
Pero el MAS también ejerce desde las calles enviando a los que denomina sus bases o movimientos sociales a convocar conferencias de prensa para lanzar amenazas sobre las que la Fiscalía General tendría que actuar de oficio. Este martes, los dirigentes del Pacto de Unidad dijeron que realizarán movilizaciones permanentes y que tomarían las instituciones judiciales si acaso la justicia no sentencia a la ex mandataria Jeanine Añez con prisión por 30 años.
Estos dirigentes también aludieron al gobernador cruceño y líder de Creemos Luis Fernando Camacho, y a Arturo Murillo, ex ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, aunque. Curiosamente, dejaron fuera a Carlos Mesa, quien se ha autodenominado en varias oportunidades como “líder de la oposición”.
Actualmente el juicio acaba de entrar en un segundo receso hasta las 14:00 de este miércoles, hora de Bolivia.
Camacho no se ha pronunciado sobre el caso específico de la ex presidente Áñez desde el 20 de abril en sus redes sociales. Mesa, por su parte, se ha referido al juicio de Áñez el 5 de junio invocando el informe de Naciones Unidas y García Sayán: “demandamos al MAS y al Gobierno retornar a la legalidad, la racionalidad y al estado de Derecho deteniendo esta persecución, que se constituye en uno de los ejemplos más vergonzantes del manejo del Ministerio Público y el Órgano Judicial a favor de intereses oscuros del partido que gobierna”.
Samuel Doria Medina, quien en su momento fue acompañante de fórmula de Áñez para las elecciones de 2020 -carrera que luego abandonó- afirmó recientemente también por medio de sus redes sociales: “Encauzaron a Añez en junio de 2021 por resoluciones contra la Constitución, porque fracasó otro juicio por “terrorismo”. Dos meses después, cambió la ley y ese delito menor se convirtió en mayor, con 10 años de prisión. No creo que sea casualidad”.
Luego agregó: “Hoy saldrá la sentencia contra Añez. Le darán una pena alta para sancionarla por otras cosas que las que se juzgaron. Buscan derrotarla, no importa con qué pretexto. En este juicio hubo culpable, antes de que hubiera delito. Presenciamos la práctica jurídica del autoritarismo”.
Y finalmente sostuvo: “Puedo pronosticar, con total certeza, que el juicio contra Añez y su sentencia se revertirán cuando se derrumben las bases políticas que lo sustentan. Este no fue un hecho legal, sino político, y cambiará cuando la correlación política sea diferente. El MAS construye sobre barro”.
Si hay algo que está suficientemente claro hasta el momento es que el castigo que el MAS y el régimen de Arce Catacora que aplican contra la ex presidenta Áñez no es objeto de atención ni esfuerzo suficiente por parte de quienes dicen representar a la oposición en Bolivia, más aún si tienen presencia en el Legislativo y que, por tanto, cuentan con distintas herramientas para exponer el caso en cuantos foros fuere posible.
La IX Cumbre de las Américas que se celebra en la ciudad de Los Ángeles, California, desde este lunes 6 de junio y que se espera que se extienda hasta el viernes 10, es justamente uno de estos foros, aunque la Administración Biden no tenga mucha táctica ni estrategia democrática y de libertad respecto de América Latina de la cual presumir.
Aparentemente Joe Biden y su Gobierno no han sabido cómo llevar dicha cumbre a buen puerto desde un inicio, permitiendo que las dictaduras de la región se den el lujo de realizar desplantes. De igual forma, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no asistiría “porque no se invitó a todos”, aunque envió a Macelo Ebrard para que lo represente.
Haciéndose esperar, lo mismo que López Obrador hizo el presidente boliviano Luis Arce Catacora, “porque no invitaron a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, aunque envió a Héctor Arce Zaconeta, embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) como su representante.
No obstante, más allá de los desplantes diplomáticos de las dictaduras latinoamericanas con Estados Unidos, llama la atención que Bolivia, y de manera más concreta, el régimen de Luis Arce Catacora haya sido invitado. ¿Acaso el detenimiento ilegal de Jeanine Áñez y toda la serie de abusos que se comete en su contra, además de otros ex jefes militares y policiales y varios otros civiles, es considerado apenas como un caso aislado y sin mayor relevancia política para el continente americano e incluso el hemisferio occidental?
Si acaso es necesario, cabe recordar, pues, que el Gobierno de Jeanine Áñez fue abiertamente reconocido no sólo por el propio MAS, el conjunto del Legislativo y el Tribunal Constitucional en su momento, sino también por la comunidad internacional empezando por Estados Unidos y la OEA en el continente, hecho sobre el que ahora Arce pretende tender todo un manto negro de violaciones de derechos fundamentales de decenas de inocentes sobre el que poco se dice ya.
Solamente queda esperar que algún Gobierno amigo de las libertades individuales y la democracia en el continente denuncie y exponga los abusos y atropellos del régimen de Arce y el MAS ante un foro de semejante envergadura, y finalmente lo llamen por su nombre como en el caso de Díaz -Canel en Cuba, Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua: dictadura.
