Si hasta ahora no había sucedido, el sismo político al interior del Movimiento al Socialismo (MAS) finalmente ha empezado, y va en escalada. Lo ha provocado el diputado Rolando Cuéllar, recientemente expulsado con el argumento de someter a “ignominia” al partido: acaba de denunciar que el partido de los cocaleros financia sus campañas con dinero del narcotráfico al menos desde 2014.
Cuéllar ha presentado una carta del actual vicepresidente del MAS, Gerardo García, en la que, a nombre de Evo Morales y el partido, agradece a Miguel Ángel Salazar Yavi “por las grandes contribuciones económicas que vienen realizando desde las elecciones del 2014 hasta el momento”, y “porque gracias a sus generosas contribuciones pudimos solventar nuestras campañas en diferentes etapas electorales desde el 2014, y que todavía recibimos tan generosamente de su parte como un empresario próspero que contribuye al desarrollo de nuestra Bolivia”.
Yavi es la identidad falsa que el narcotraficante argentino José Miguel Farfán, llamado “el Chapo del Cono Sur”, utilizaba en Bolivia para realizar sus operaciones, hasta que fue detenido en 2019 y entregado a las autoridades argentinas porque se encontraba prófugo en medio de un proceso por tráfico de sustancias controladas.
Hasta ahora las respuestas tanto de Morales como de sus acólitos, es, entre otros, que la carta que Cuéllar ha presentado ante los medios es falsa.
El partido ha emitido un comunicado afirmando lo siguiente: “Cuéllar, amplificado por sus socios mediáticos, ha hecho hoy (ayer) acusaciones graves, pero para ello ha utilizado una supuesta carta donde se falsifica no sólo la hoja membretada del MAS, sino la firma del vicepresidente del MAS, Gerardo García”.
Asimismo, Morales ha dicho desde sus redes sociales: “La derecha golpista con ayuda de algunos traidores usa documentos falsos y nuevamente trata de proscribir al MAS-IPSP. Fracasarán como fracasaron cuando trataron de anular la sigla en el gobierno de facto. Demuestran que con tal de atacar a Evo son capaces de destruir al MAS-IPSP”.
Igualmente, Héctor Arce, diputado cocalero del MAS y uno de los hombres más leales a Morales, se pronunció de la siguiente manera: “Vemos que Rolando Cuellar actúa con extrema pobreza y miseria mental. Es un mercenario y traficante político que utilizó al MAS-IPSP para llegar al poder. Hoy es un resentido político por el que estigmatiza al Trópico de Cochabamba. Se ensaña con el hermano Evo Morales. El tiempo nos dará la razón”.
Y finalmente, el principal acusado, García, simplemente se ha limitado a decir: “Voy a esperar cuándo me hará citar, meterme preso, si no tengo derecho a defenderme, lo voy a denunciar. Este documento es montado, es falso, muchos documentos me han falsificado. No conozco a ese señor que dice (Salazar). Cuéllar es un tipo resentido, porque fue expulsado del MAS”.
Sin embargo, si acaso la carta fuera real y además algo de credibilidad quedara en la justicia, el MAS se enfrenta, de acuerdo a los artículos 58°, 71° y 72° de la Ley de Partidos Políticos que el propio Evo Morales promulgó en 2018, a la anulación de su personería jurídica.
Pero Rolando Cuéllar no se ha quedado quieto luego de su denuncia. También ha exigido que se investigue al ex ministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, porque el año 2012 habría facilitado una nueva identidad para Farfán, teniendo sello rojo y siendo buscado por Interpol.
Por el momento no se cuenta con detenidos, investigación o pronunciamiento alguno por parte de las autoridades llamadas a intervenir, como el ministerio de Gobierno, de la fiscalía general o la policía, pero tampoco se espera que esto vaya a suceder siquiera.
En definitiva, se trata probablemente de la acusación más grave que se ha hecho en toda la serie de cruces, adjetivos y desafíos que ha habido al interior del MAS entre los seguidores de Evo Morales y los de Luis Arce Catacora -o al menos desde que Morales presentó los “narcoaudios” por los que presumiblemente Arce encubre al narcotráfico en el país- porque, o bien las siglas del MAS desaparecen formalmente, o bien se confirma una vez más la ausencia absoluta del Estado de Derecho en el país en favor del narcosocialismo que lo tiene secuestrado.