La Unión Europea ha adoptado este viernes un plan de medidas restrictivas específico para Guatemala con el que podrá sancionar a quienes ataquen la transición democrática en el país centroamericano, envuelto en una grave crisis institucional por los intentos de la Fiscalía de revertir el resultado de las últimas elecciones en las que triunfó el izquierdista Bernardo Arévalo.
Con este paso, el bloque europeo podrá responder a quienes obstaculicen la transición democrática tras las elecciones generales de 2023, que se saldaron con una clara victoria de Arévalo y que desde entonces ha sufrido múltiples injerencias del Ministerio Público para denunciar un fraude electoral y torpedear la toma de posesión del nuevo mandatario.
En concreto, apunta a personas y entidades responsables de acciones que atenten contra la democracia, el Estado de Derecho y el traspaso pacífico del poder en Guatemala, incluyendo acciones de persecución o intimidación de funcionarios públicos, autoridades elegidas democráticamente, la sociedad civil, los medios de comunicación y los operadores judiciales. También señala a posibles conductas financieras indebidas relacionadas con fondos públicos y la exportación no autorizada de capitales.
Bruselas amenaza con aplicar congelación de activos y prohibición de viajes a la Unión, a través de una lista ‘negra’ de individuos y entidades implicados en las maniobras contra el presidente electo. Si bien, estrena este marco jurídico sin medidas concretas contra ningún actor guatemalteco y se limita a ponerlo sobre la mesa como elemento de disuasión.
El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha calificado de intento de «golpe de Estado» las maniobras de la Fiscalía guatemalteca, insistiendo en que se trataba de «inaceptables y peligrosos» movimientos para revertir los resultados electorales. Precisamente el jefe de la diplomacia comunitaria se desplazará este fin de semana a Guatemala para reunirse con él en el marco de la investidura presidencial.
