«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
La Gaceta de la Iberosfera
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
EN MEDIO DE LOS FRACASOS AL INTENTAR CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN

Chile, 2023: Boric acentúa el estancamiento político y social del país

El presidente de Chile, Gabriel Boric. Europa Press

El balance del año 2023 para Chile se destaca por el estancamiento político, económico y social. Mientras los chilenos constataron una de las crisis de seguridad más preocupante de las últimas décadas, junto a una economía no auspiciosa, se destapó el caso de corrupción más grave de la historia política del país entre el Estado y fundaciones ligadas al Frente Amplio.

Asimismo, el segundo proceso constitucional fracasó, ya que los chilenos votaron por segunda vez mantener la actual Constitución. De igual forma, el año inició con la polémica de los indultos presidenciales a insurrectos y finalizó con el intento del Ejecutivo de empujar las retrógradas reformas de pensiones y tributaria. Con todo, la desafección ciudadana a la clase política parece no dar tregua. A continuación se repasan los sucesos políticos más relevantes del año ocurridos en Chile.

Los indultos

A finales de diciembre de 2022, el presidente Gabriel Boric sorprendió con la concesión de trece indultos. De ellos, doce eran condenados por delitos en el contexto de la revuelta de octubre de 2019. Esta medida fue un compromiso de campaña del actual mandatario, no obstante, no fue compartida por todo el oficialismo, lo que profundizó la división de las «dos almas» del Gobierno.

Una vez que los indultos fueron concretados, se conocieron los perfiles de los beneficiados. Uno de los más criticado ha sido Luis Castillo, exguerrillero quien cuenta con un amplio prontuario de delitos. Justo un año después, en diciembre de 2023, Castillo nuevamente fue formalizado por secuestro extorsivo y robo con intimidación. De hecho, Gendarmería afirmó que Castillo es un «reo peligroso» y de «alto compromiso delictual».

Por otro lado, Andrés Fuica, quien fue condenado por saquear un supermercado en las revueltas del 2019, además de ser indultado recibió una pensión de gracia vitalicia. Claramente, se generó un amplio rechazo a estas medidas, pues gran parte de la ciudadanía entiende que los delincuentes de la revuelta son perdonados y premiados con pensiones vitalicias, mientras los chilenos aún no ven opciones de mejoras reales a las suyas.

En efecto, los indultos reflejan la esencia del Gobierno, conocida como el «octubrismo», ya que con estas acciones validan la violencia como acción política. Sin embargo, han sido ampliamente rechazadas por la ciudadanía, pero también por el sector más moderado del Ejecutivo (el denominado «Socialismo Democrático»), y por toda la oposición.

Segundo fracaso constitucional

El 4 de septiembre de 2022, el 62% de los chilenos rechazó la propuesta de nueva Constitución de la extrema izquierda. Si bien, fue un gran golpe para el Gobierno del presidente Boric, el mandatario lideró junto a figuras de la política institucional continuar con un segundo proceso, sin plebiscito de entrada que consultara a los chilenos si estaban de acuerdo.

Así establecieron doce «bordes constitucionales», que consagraron el Estado Social y Democrático de Derecho. Para otorgarle solemnidad a este segundo proceso, el Consejo Constitucional buscaría distanciarse del primero (Convención Constitucional), con la presencia de la Comisión de expertos y el Comité técnico, designados por el Congreso.

Además, el 7 de mayo del 2023 hubo elecciones para elegir a los miembros del Consejo, los que representarían la voluntad ciudadana, dejando al Partido Republicano como el gran ganador. Sin embargo, el candado del Estado Social y Democrático de Derecho generó asperezas en el proceso. Pues, tanto derechas como izquierdas se disputaron su significado: mientras las primeras veían una compatibilidad con la Subsidiariedad en sus dimensiones positivas y negativas, las segundas veían un Estado maximalista que otorgaría derechos sociales de tercera generación.

Esta discusión no fue ampliamente sociabilizada a la ciudadanía, ya que el Consejo Constitucional no tuvo el impacto mediático que alcanzó la Convención Constitucional. Pero, lo que sí se comunicó fue que esta segunda propuesta era de «extrema» derecha. De hecho, la expresidente Michelle Bachelet sostuvo que ponía en «peligro» el aborto en tres causales, como un recurso emotivo para persuadir a las mujeres progresistas para votar por la opción «en contra».

No obstante, el texto en sí estaba alejado de ser una propuesta de derechas, ya que, por ejemplo, hablaba de familias en plural y consideraba la paridad lo que implicaba implícitamente reconocer la noción marxista de opresores y oprimidos entre hombres y mujeres, ejes propios de las izquierdas. Por ello, también había derechas que se oponían a esta segunda propuesta.

Finalmente, el pasado 17 de diciembre, se rechazó el segundo texto de nueva Constitución con el 55,7% de los votos, ratificando la Carta Magna vigente que data de 1980 y reformada en 2005. Empero, la lectura que se impuso desde las izquierdas apunta a que estos resultados representan un fracaso para las derechas quienes tenían amplia mayoría de Consejeros Constitucionales.

Esta capciosa narrativa generó una fragmentación en las derechas, que aún no ponderan que las elecciones no son el único elemento relevante en política. También es necesario ser perseverante y consecuente con los principios antropológicos y económicos que diferencian a las derechas de las izquierdas, que es lo que espera justamente su electorado.

Esta división entre las derechas constata la necesidad del sector de analizar los procesos sociopolíticos con una perspectiva amplia, en lugar de dejarse llevar por la coyuntura y el pragmatismo, como lo son las elecciones. Pues, esta postura le genera reveses en el quehacer político.

Corrupción en fundaciones ligadas a las izquierdas

No cabe duda de que el escándalo político del año fue el «Caso Convenios», que trata de traspasos irregulares de dineros públicos hacia fundaciones ligadas, principalmente, al Frente Amplio. Este caso develó un mecanismo doloso de corrupción y tráfico de influencias que aún es investigado, a pesar de que estalló en junio.

En este contexto, distintas personalidades del oficialismo chileno se vieron directa o indirectamente vinculadas, como la diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez (expareja de Daniel Andrade, quien fue recientemente detenido por la Justicia por ser el representante legal de la fundación Democracia Viva, involucrada en uno de los casos de corrupción más escandalosos); la mano derecha de Boric y exministro, Giorgio Jackson (quien predicó tener superioridad moral a pesar de que su partido estaba impregnado por este caso); el expresidente de RD, Juan Ignacio Latorre (quien dimitió de la directiva de su partido tras estos escándalos); y el socialista Carlos Montes, ministro de Vivienda que ha sido acusado constitucionalmente y el libelo sería votado la primera semana de enero (pues, el fraude de Democracia Viva se realizó a través del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras).

En definitiva, el Caso Convenios no solo devela la falta de ética pública, de transparencia y probidad por parte de las autoridades, sino que también devela la ineficiencia del Estado chileno en la gestión de los recursos de los contribuyentes.

Esto no es baladí, ya que el Gobierno del presidente Boric busca empujar las ya rechazadas reformas tributarias (que busca aumentar los impuestos sin entender la importancia del crecimiento económico) y la de pensiones (apunta en aumentar en 4 puntos la cotización para un sistema de reparto, pasando a llevar el principio de propiedad de las pensiones). No obstante, es dable preguntar para qué quieren aumentar la recaudación si han demostrado que la eficiencia y transparencia en la gestión del dinero público no es algo que caracteriza, en particular, a este Gobierno.

En suma, el año 2023 para Chile no fue auspicioso. Con dos procesos constitucionales fracasados que implicó el despilfarro de más de 150 mil millones de pesos chilenos (más de 154 millones de euros); derechas e izquierdas fragmentadas, y las primeras no comprenden que el quehacer político debe tener visión de largo plazo con principios sólidos; la falta del actuar probo de autoridades con dineros de todos los contribuyentes; y la validación de la violencia, son solo algunos de los ejemplos del por qué la ciudadanía siente una gran desafección por la clase política.

En el comienzo del 2024, es factible reflexionar que Chile necesita una mejor clase de políticos, no nuevas Constituciones (ni tampoco debilitarla por la vía legislativa), ni reformas que afecten el bolsillo de los chilenos en una frágil situación económica, complejizada por una grave crisis de seguridad pública. Como sostuvo Winston Churchill, «el precio de la grandeza es la responsabilidad», un valor imprescindible en el servicio público al que deben retornar los políticos chilenos.

.
Fondo newsletter