Las protestas contra Lula da Silva que llevan semanas ocurriendo en Brasil, motivadas en los últimos días por las medidas aprobadas por la vía del decreto durante su primera semana en el poder, desembocaron en la irrupción de los manifestantes en los edificios de los tres poderes del país iberoamericano.
En las marchas que del sábado se extendieron hasta el domingo, miles de manifestantes se dirigieron hasta Brasilia para exigir que frenase la aplicación de los cambios normativos al Poder Legislativo, el único que todavía se mantiene relativamente independiente de Lula y sus apoyos.
Los manifestantes, activos de manera pacífica desde la segunda vuelta de las elecciones, accedieron a las sedes de los tres poderes gracias a la poca seguridad que suele haber los domingos en Brasilia. Subiendo la rampa del Congreso Nacional y ocupando la azotea del Parlamento, antes de ingresar al recinto. También irrumpieron en el Palacio del Planalto, la casa de gobierno donde el presidente y sus ministros tienen sus oficinas, y en el edificio del Plenario de la Corte Suprema Federal, donde se reúnen los jueces.
Ni políticos ni jueces, en el recinto
Cuando se produjeron los hechos, Lula se encontraba de visita oficial en Araraquara, en el estado de Sao Paulo. Según fuentes locales, el presidente ya preparaba el regreso a Brasilia cuando sus asistentes le informaron lo que estaba ocurriendo . De igual modo, al ser domingo, ninguno de los congresistas, jueces supremos y ministros se encontraba en los edificios gubernamentales, por lo que los manifestantes no chocaron en ningún momento con las autoridades del gobierno.
A pesar de ello, y según la experiencia de las protestas en Washington del pasado 6 de enero de 2021, es de esperar el Gobierno de Lula, que movilizó a la Policía Militar desde Sao Paulo, hará uso de lo ocurrido en Brasilia para reforzar y terminar de naturalizar la persecución a los opositores más activos a su gobierno, a través de órganos como el nuevo Ministerio de la Verdad.
Las reclamaciones de los manifestantes
Los manifestantes, en su mayoría simpatizantes de Bolsonaro, piden que el Congreso Nacional intervenga para frenar las decenas de medidas de emergencia que ha tomado Lula por decreto desde el mismo día de su toma de posesión, en que anuló sin pasar por el Congreso donde está en minoría todas las reformas, privatizaciones, techo de gasto y recorte del déficit fiscal del Ejecutivo anterior que buscaban obstaculizar el asalto del poder político al poder económico brasileño.
También piden que el Congreso abra una investigación sobre las denuncias de fraude electoral, expandiendo sobre lo investigado por un comité del Senado que escuchó a múltiples auditores explicar por qué las elecciones de noviembre del año pasado deberían ser deslegitimadas.