El Tribunal Constitucional del Perú (TC) ha dispuesto que los condenados por terrorismo, que han sido «rehabilitados», podrán postular a cargos públicos de elección popular.
El fallo del órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad surge de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta el 6 de marzo de 2020 por siete mil trescientos cuarenta y cinco personas en contra de diversas normas relacionadas con la represión del terrorismo.
La sentencia fue emitida por los magistrados Pacheco Zerga, Ochoa Rodrich, Domínguez Haro, Morales Saravia, Monteagudo Valvez y Gutiérrez Ticse. El grupo advirtió que la citada frase, recogida por la norma 30717, es contradictoria con la Convención Americana de Derechos Humanos.
Si bien el TC declaró infundadas la mayoría de las demandas, consideró fundada la petición respecto a la Ley 30717, haciendo un análisis con base en el derecho a la participación política y el principio de resocialización. Así, en las próximas elecciones -siendo las más cercanas en Perú las adelantadas para el 2024- sí podrán postular los delincuentes que, así hayan recibido una condena por delitos vinculados al terrorismo, habrían logrado rehabilitarse tras cumplir su condena.
En este sentido, el TC estableció que “la prohibición de participar en la vida política, a una persona que ha sido rehabilitada, implica una vulneración al principio de presunción de inocencia y contraviene el derecho a la reincorporación del penado a la sociedad, reconocido en el artículo 139 inciso 22 de la Constitución”.
El TC también manifestó que, para frenar el resurgimiento del terrorismo en el Perú, la ciudadanía tiene como deber notificar a las autoridades “de que una persona, se encuentre rehabilitada o no, incurriese en el delito de apología de terrorismo o de algún otro relacionado con el terrorismo”.
Magistrada defiende fallo
La magistrada Luz Pacheco, vicepresidenta del TC, defendió el fallo de su institución, asegurando que se basa en la “lealtad a la Constitución”.
“Lo que hacemos, y ya lo he comentado, es tener lealtad con la Constitución, porque somos guardianes de la Constitución, por tanto, de los derechos fundamentales de la persona”, manifestó en RPP.
“Ha sido una decisión difícil, al menos para mí, porque sé lo que ha sido el terrorismo; pero la Constitución dice claramente que después de reconocer el derecho a la vida, el segundo (derecho) es la igualdad ante la ley”, agregó.
Al respecto, señaló que la Constitución permite que se den leyes especiales “en razón de la distinta naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas”.
Pacheco señaló que las personas que cumplieron su condena y pagaron su reparación civil son consideradas rehabilitadas, por lo que no sería constitucional impedirles ejercer sus derechos.
