Un grupo de congresistas del Centro Democrático viajaron a Washington para denunciar la grave situación política que atraviesa Colombia en estos momentos, en los que el presidente izquierdista Gustavo Petro ha atizado la confrontación con el Poder Judicial en medio de los trámites para designar a un nuevo fiscal general de la República.
La delegación de la formación colombiana la componen las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, el también senador Miguel Uribe Turbay y los representantes en la Cámara Hernán Cadavid y José Jaime Uscátegui, todos firmantes de la Carta de Madrid de la Fundación Disenso.
La semana pasada un grupo de simpatizantes de Petro asedió las instalaciones del Palacio de Justicia en Bogotá, durante una reunión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tenía como fin determinar quién será la sucesora de Francisco Barbosa, actual fiscal general del país.
Los magistrados tuvieron que ser escoltados para poder abandonar el edificio, que se encontraba bloqueado por las hordas petristas. Incluso algunos de ellos fueron evacuados de las instalaciones del Palacio mediante un helicóptero para poder resguardar su integridad física.
Estos hechos, aparejados a la tirantez que ha propiciado Petro en los últimos meses con otros representantes de los poderes públicos de Colombia, llevaron al primer mandatario a hablar de una supuesta tentativa de «golpe de Estado» en marcha, al tiempo que conminó a sus seguidores a mantenerse movilizados en las calles para repeler tal amenaza.
De acuerdo al medio SEMANA, la agenda de los congresistas comprende visitas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explicar a dichos organismos internacionales la naturaleza de la crisis política que atraviesa actualmente Colombia.
«Hablamos con el Secretario @Almagro_OEA2015 en la @OEA_oficial y le expusimos, con pruebas, cómo @petrogustavo amenaza la independencia de poderes y cómo la criminalidad crece de la mano de la mal llamada paz total mientras la gente vive sitiada por los violentos en más de 400 municipios del país», escribió en la red social X el senador Miguel Uribe.
En dichas conversaciones se pretende alertar también sobre la interferencia del jefe de Estado colombiano en el proceso de investigación judicial al que actualmente está siendo sometido su hijo, Nicolás Petro, por el involucramiento de sectores del narcotráfico en el financiamiento a su campaña presidencial.
Tanto la OEA como la CIDH han pedido en los últimos días que los poderes públicos de Colombia aceleren el proceso para escoger el nombre que estará al frente de la Fiscalía General de la República.
«Esta presión internacional sobre la Corte Suprema de Justicia, promovida por el gobierno de Petro afecta la independencia y soberanía del país«, dijo en X sobre ello la senadora María Fernanda Cabal.
