La historia parece una pieza de realismo mágico pero es, sin embargo, el crudo retrato del apogeo de la corrupción argentina que expone la pornográfica impunidad del kirchnerismo: La Causa Cuadernos.
Este 6 de noviembre comenzará el juicio oral que sentará nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en el banquillo de los acusados. Hace dos días la fiscal del caso, Fabiana León, presentó un detallado informe sobre la causa, pormenorizando las imputaciones que recaen sobre Cristina. La fiscal sostuvo que «consideramos que esta causa (en realidad un conjunto de causas) demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y sólo comparable a unas pocas a nivel mundial«.
Fabiana León aseveró que CFK y sus funcionarios integraron una asociación ilícita “cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos” y que operó por más de una década, entre mayo de 2003 y el mes de noviembre de 2015.
Para entender los dichos de León, hay que recordar la historia de los Cuadernos de Oscar Centeno, que desprendieron nombres y datos que provocaron una línea de investigación que se ramificó y a raíz de la cual surgieron causas paralelas e interrelacionadas entre sí.
«Cuadernos» más que una causa judicial, es la radiografía de un sistema extenso de poder por el que el socialismo iberoamericano transformó la obra pública en el principal instrumento de control político y clientelar, enmascarado bajo discursos de desarrollo y soberanía. Este juicio revelará el saqueo que provenía del interior mismo del Gobierno que decía defender al pueblo, demostrando que el discurso de justicia social era una pantalla para uno de los mayores sistemas de corrupción institucionalizada de la historia mundial.
Centeno, el Escriba
Hace dos décadas, Oscar Centeno empezó a escribir un diario de sus tareas como chofer del principal recaudador de dinero negro del kirchnerismo. Durante el tiempo que estuvo a su servicio, en unos modestos cuadernitos escolares, página a página volcó con un detalle obsesivo cada uno de los viajes. Describió días y horarios; qué y a quiénes trasladaba, a qué hoteles y domicilios. También documentó quién recibía estos envíos y en qué contenedores: bolsos, maletines, valijas; los materiales: cuero, nylon, papel, marca y peso de los mismos y hasta el color. Todo lo que transportaba a bordo de su Toyota Corolla.
Oscar Centeno era el chofer de Roberto Baratta, el segundo del otrora plenipotenciario ministro de Planificación del kirchnerismo Julio de Vido, que era además miembro fundador del clan desde sus inicios en Santa Cruz. De Vido era la cabeza del sistema recaudador al servicio de Néstor Kirchner.
El propósito del tan detallado e incriminador registro de Centeno no queda claro. La razón puede que sea un reaseguro propio de los esquemas mafiosos, un plan extorsivo o una compulsión maniática del chofer. O todo esto junto, pero la cuestión es que durante más de 10 años, el hombre relató sus recorridos llevando el dinero a domicilio.
La Justicia federal, con el difunto juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli a la cabeza, recibió la noticia de la existencia de los cuadernos en abril de 2018 y se inició el expediente por los delitos de asociación ilícita y cohecho que se convertiría, con los años, en un gigante de más de 12 mil fojas, con varios expedientes paralelos. Centeno fue el primer detenido y luego importantes empresarios del país y ex altos cargos de los tres Gobiernos kirchneristas acabaron entre rejas acusados de participar en una tupida red de sobornos. Muchos se declararon «arrepentidos», el escándalo que siguió arruinó empresas, vidas y carreras.
El kirchnerismo trató de instalar la narrativa de que se trataba de un caso inventado, de que los cuadernos eran una construcción literaria fabricada adrede, de que Centeno había inventado la prueba y de que nada tenía validez. Pero la sagacidad y el trabajo de Bonadío dieron forma a procedimientos en los que, uno a uno, los empresarios confesaron los hechos y confirmaron la existencia de la trama. El dinero procedía de compañías constructoras que presuntamente pagaban sobornos a cambio de contratos con el Estado. El escándalo mediático dio paso a una compleja investigación y decenas de empresarios confesaron haber participado. El cerco se cerró sobre el kirchnerismo con la aceptación de los empresarios del circuito del dinero que describía Centeno. Las cartas estaban echadas.
La historia de amor detrás del largo camino de los cuadernos
La causa de los cuadernos en los que quedaron registrados los movimientos del exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, está atravesada por la turbulenta historia de amor de Centeno y su mujer, Hilda Horovitz, quien comenzó a exigirle dinero a él y a su jefe a cambio de silencio.
Temeroso de su esposa, y de la justicia que acechaba ya a Baratta, Centeno puso los cuadernos bajo la custodia de su amigo Jorge Bacigalupo en noviembre de 2017. La razón era que en octubre, Baratta había sido detenido en otra causa de corrupción por la importación de Gas Natural Licuado (GNL). Esa detención impactó en la tranquilidad de los Centeno. En noviembre de 2017, Horovitz se presentó espontáneamente ante el juez Bonadio para dar testimonio en la causa del GNL y contó cómo su marido llevaba a Baratta a las recorridas en las que buscaba dinero que era transportado en bolsos. La denuncia incluía supuestos recorridos, bolsos, dinero negro y salpicaba a Baratta, ingredientes que coincidirían, más tarde, con los de la causa de los cuadernos.
Con los cuadernos en sus manos Bacigalupo, avisó al periodista Diego Cabot del escándalo que se cernía sobre Centeno. Cabot se planteó publicar el caso y tratar que Bacigalupo convenciera a Centeno de que le diera una entrevista. Pero mientras el periodista investigaba los cuadernos, Baratta salió de la cárcel y, más relajado, Centeno le volvió a pedir los cuadernos a Bacigalupo. Sin otra opción que entregar el material original, Cabot hizo copias y fue con ellas a la Justicia. El fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, no se sorprendieron, ya habían escuchado la historia de boca de Horovitz, y decidieron impulsar las detenciones.
Centeno aseguró que había incinerado los cuadernos en una parrilla, pero en realidad los había escondido. Cuando años después reaparecieron, fueron peritados por analistas caligráficos de Gendarmería. Centeno volvió a los Tribunales en 2024 para entregar una muestra de su escritura para el cotejo posterior. Los peritos determinaron que los textos manuscritos que conformaron los cuadernos originales, fueron realizados por Centeno en diferentes épocas, lo que coincide con el planteo de que el chofer hizo las anotaciones a medida que ocurrían los hechos.
La megacausa que salpica a todo el mundo
El 6 de noviembre a las 9.30, Cristina Kirchner escuchará la acusación que sostiene que es la jefa de una asociación ilícita. La ex presidente, que está bajo arresto domiciliario en cumplimiento de una condena por corrupción del caso Vialidad, reclamó reiteradamente su sobreseimiento de este nuevo juicio, pero se topó reiteradamente con la tenacidad de la fiscal general Fabiana León que explicó que «la acusación se apoya en numerosos hechos de cohecho y en una estructura recaudatoria transversal que dota de contenido típico a la asociación. Son dos círculos que, de existir contacto, (con el caso Vialidad) su tratamiento es el del concurso real y no el de excepción de cosa juzgada material”.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) indicó que la mejor instancia de defensa de los imputados es el juicio oral y público, donde Cristina Kirchner podrá «realizar todos los planteos pertinentes acerca de la materialidad de los hechos y la responsabilidad de la imputada, a través de la producción de la prueba reunida«.
Las audiencias se harán todos los jueves en un proceso que será para alquilar balcones. La estructura investigada consiste «en una serie de puntos fijos de recaudación, en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense«
A lo largo de estos años, y sobre todo en épocas en los momentos en los que el kirchnerismo retornó al poder, las presiones sobre la justicia para desactivar la causa “Cuadernos” fueron innumerables. El «estado profundo» también se puso en marcha para impedir que los fiscales llegaran a la instancia que veremos el próximo 6 de noviembre. El trabajo de los fiscales cobra particular valor en este contexto frente a un sistema de poder que no sólo gobernó Argentina durante cuatro períodos, sino que formó parte de una megared de gobiernos socialistas que dominaron durante años el panorama político del continente. El socialismo del siglo XXI poseía (y posee) conexiones con la justicia, los medios, el sistema financiero, las universidades, los movimientos sociales, organizaciones terroristas, narcobandas y un sinfín de terminales más.
Recientemente, el fiscal Stornelli habló acerca del juicio que comienza esta semana: «Es una gran satisfacción desde lo personal. Hubiera preferido que llegue antes a juicio. Felizmente, tenemos a una de las mejores fiscales de Argentina, que es la doctora Fabiana León, que va a ser la que lleve la voz cantante en el debate. Ha ganado todos y cada uno de los planteos que han hecho las numerosísimas partes que hay y numerosos planteos. Llegó hasta la Corte y a la Casación en nulidades, recusaciones, denuncias y demás. Yo mismo he tenido que soportar denuncias, procesos, persecuciones a mi familia, escraches y campamentos en mi casa y un sinfín de cosas que algún día voy a contar«.
¿Aportes de campaña?
A lo largo de este proceso, una de las numerosas zancadillas que los acusados intentaron hacerle a la justicia fue decir que esos pagos existían pero que estaban destinados al financiamiento de las campañas electorales del kirchnerismo.
Pero los documentos en manos del juez Bonadio mencionan aportes empresarios por millones de dólares y, en cambio, los informes oficiales –que dan cuenta de los aportes en blanco de privados que reciben los partidos políticos en campaña– muestran cifras ridículas por lo pequeñas frente a los montos que se mencionan en los cuadernos.
Ocurre que la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos sólo prevé multas e inhabilitaciones para funcionarios y empresarios, pero no penas de prisión. La jugada era audaz, porque sabían que de tener éxito correrían el eje de las acusaciones y se sacarían de encima a la justicia penal. La Justicia Electoral, además, demostró históricamente dificultades para avanzar en las investigaciones financieras sobre los partidos.
Uno de los imputados más famosos, Ángelo Calcaterra, primo hermano del ex presidente Mauricio Macri, fue de los que trató de instalar que sus pagos eran un aporte de campaña y hasta llegó a obtener un fallo favorable por esa triquiñuela. Sin embargo, este fallo fue revocado.
El caso de Isolux y la «valija de 40 kilos de dólares»
Varios empresarios acusados en la causa de los cuadernos afirmaron que Roberto Baratta les había exigido contribuciones de campaña para que aporten a las arcas del kirchnerismo de cara a las elecciones de 2013. Pero cuando fue su turno de hablar como arrepentido Juan Carlos De Goycoechea, CEO en Argentina de la corporación internacional energética Isolux Corsán, la empresa española fusión de Corsán-Corviam con Isolux Wat, prefirió no sumarse a la patraña.
«Cuando declaré que Baratta me hizo el pedido de dinero para la ‘campaña electoral’, en todo momento lo tomé como un eufemismo, y que en realidad lo que estaba reclamando era el pago de un ‘retorno’, ‘coima’, ‘soborno’ o cómo quiera llamárselo, y es en este último sentido que transmití el mensaje a las autoridades españolas de la empresa«, afirmó.
«Nunca estuvo en la intención de la empresa Isolux el realizar aportes para campañas electorales. Por eso no había duda que el pago se realizaba para evitar represalias por parte de los funcionarios. Existía un gran temor en enemistarse con el gobierno, y que suspendieran los pagos o rescindieran el contrato de la obra; pues era conocido en el ambiente el trato extorsivo por parte del gobierno de Kirchner hacia las empresas«.
Otros capitanes de industria retrataron el mismo clima amenazante: “Baratta siempre daba a entender, de manera más o menos directa, que si no se hacía el aporte se bloqueaban los pagos de los certificados de obra. Y obviamente el bloqueo de pagos de certificados de obra causaba un terrible perjuicio a la empresa, que tenía gastos mensuales de 30 millones de pesos aproximadamente, y entre otras cosas, debía pagar sueldos a unos tres mil empleados, entre directos e indirectos«, continuó.
Aparecen retratados por Centeno, en torno a la multinacional energética, reuniones con Néstor y Cristina Kirchner en la quinta presidencial de Olivos. Uno de los traslados más paradigmáticos a la sede de Isolux, Centeno cuenta que Baratta «se encontró en la puerta con dos personas, y luego subieron al 1B y luego bajaron, y una persona con una valija más o menos de 90 centímetros de alto por 40 de ancho y 20 centímetros de espesor«. Centeno la cargó y estimó que pesaba «unos 40 kilos, era dinero y luego lo llevé al licenciado a su departamento donde se bajó con la valija y luego lo traje al licenciado al Ministerio. Las personas son de Isolux. En la valija había más o menos unos 6 millones de dólares«, escribió el chofer en sus cuadernos.
Bonadio elevó a juicio a De Goycoechea, el el fiscal Stornelli escribió en su imputación: «Encuentro reunida suficiente prueba para tener por probado que Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, por entonces Presidente de la República Argentina, intervino, en carácter de coautora, en la recepción de una suma de dinero –al menos trescientos mil dólares, que Juan Carlos DE GOYCOECHEA, directivo del GRUPO ISOLUX CORSAN S.A., entregó a Roberto BARATTA el día 7 de abril de 2009 en la calle Maipú N° 741, de esta ciudad, y que éste último entregó a Héctor Daniel MUÑOZ ese mismo día, en el inmueble ubicado en la calle Uruguay N° 1306, de esta ciudad, y con el fin de que los funcionarios que integraran la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dicha empresa«.
Existen en los cuadernos varias entradas que nombran los importes abonados por Isolux para terminar en el bolsillo de CFK. La cronología de la participación de Goycoechea es muy tupida. Nombra un primer pago registrado en junio de 2008, el enero de 2009 habla de una valija con 6.000.000 de dólares para Baratta. En abril de 2009, en mayo de 2010, en de septiembre de 2010, y varios más; entre ellos uno del 5 de septiembre de 2013, en el que funcionarios retiran el dinero para «llevárselo a Juan Manuel Abal Medina por indicación de Cristina Elisabet Fernández«.
Pagar por impunidad
En septiembre de este año, y conforme se acercaba el juicio oral, varios de los imputados ofrecieron pagar diversas sumas para comprar su impunidad y evitar la eventual condena. En la lista de ofertas hay millones de dólares, propiedades en el exterior y hasta un yate.
La propuesta nuevamente hizo tambalear el rumbo del expediente. La lista era de más de 40 empresarios, muchos de los cuales hicieron ofertas impresionantes. Por ejemplo, Ángelo Calcaterra estaba dispuesto a pagar más de un millón y medio de dólares. Ernesto Clarens, señalado como un financista vinculado a los negociados de Lázaro Báez en el exterior, también se encuentra entre los imputados que hicieron los ofrecimientos más importantes para evitar una condena. En su caso, fue un departamento y un yate de lujo en Miami cuya cotización asciende casi al millón y medio de dólares.
Aldo Roggio, ex titular de Roggio SA, luego de ser imputado, declaró como «arrepentido» y dijo que pagó durante años al kirchnerismo el 5% del dinero que recibía como subsidios para su empresa Metrovías –concesionaria de los subtes–, y ofreció más de USD 1.200.000 para evitar enfrentar a los jueces en la audiencia oral.
La lista completa, que se publicó en los medios argentinos, también incluía a políticos kirchneristas como el ex director de Promoción de Energías Renovables que ofreció casi un millón de dólares, o el ex jefe de gabinete de CFK, Juan Manuel Abal Medina, cuyo padre fue una figura clave del peronismo, delegado de Perón en el exilio y organizador de su regreso a Argentina en 1973. El tío del ex funcionario de CFK, Fernando Abal Medina, fue uno de los fundadores de Montoneros.
La fiscal León y la Unidad de Información Financiera (UIF), rechazaron la propuesta, sosteniendo que «No vendemos impunidad» y agregó: «En esta fiscalía no se vende impunidad. No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado. No es patrimonial, erosiona la confianza pública y la legitimidad del Estado«, dijo León, en un mensaje que marcó a fuego la posición del Ministerio Público. Para la fiscalía, aceptar la reparación equivaldría a mercantilizar la corrupción
La hora de la verdad
Finalmente, este jueves comenzará a revelarse la verdad sobre la causa que tuvo 126 imputados, de los cuales 91 fueron elevados a juicio, cuatro de los cuales murieron. Entre los acusados hay 19 exfuncionarios, 65 empresarios y 2 choferes.
El caso es un entramado de causas conexas que comenzaron a llegar al Tribunal y a la Fiscalía en diferentes fechas. La Fiscalía presentó una lista extensa de elementos para el debate oral, con cientos de testigos, decenas de pericias y más de cien medidas de instrucción suplementarias. En el ámbito económico, se aplicaron medidas cautelares para garantizar que los individuos no se beneficien de los efectos del delito. Se decretaron embargos, inhibiciones de bienes, intervenciones de sociedades y secuestro de elementos relevantes para la causa. Estas medidas buscaron asegurar el reintegro de los daños económicos al Estado a través del eventual decomiso y la cobertura de los costos del proceso.
Las audiencias serán por Zoom, dada la magnitud del debate. De acuerdo al cronograma fijado, está previsto que, en lo que resta de 2025, las audiencias se realicen todos los jueves de 9.30 a 13.30 mientras que, desde marzo del año que viene, se añadirá una segunda jornada semanal.
Del Lava Jato al contagio regional: la corrupción del socialismo del siglo XXI y su expansión global
El descomunal escándalo de corrupción de Brasil fue un mecanismo que hizo metástasis por toda la región y alcanzaron incluso a Estados Unidos. Lo que se conoció como Operación Lava Jato no fue un caso aislado, sino la exposición de un sistema político-económico basado en el uso de la obra pública como herramienta de poder, financiamiento partidario y enriquecimiento personal.
En marzo de 2014, cuando un grupo de fiscales y policías federales brasileños descubrió una red de lavado de dinero que involucraba a Petrobras, la mayor empresa estatal del país, lo que parecía un esquema de desvío de fondos reveló pronto un mecanismo masivo de corrupción que unía a funcionarios del Partido de los Trabajadores (PT), grandes contratistas y dirigentes de casi todos los partidos con representación en el Congreso. La empresa petrolera, símbolo del orgullo nacional, había sido convertida en una máquina de extracción de recursos para sostener la hegemonía política de Lula da Silva. El juez Sergio Moro, que lideró las investigaciones, demostró cómo la corrupción había alcanzado el corazón mismo del poder: contratos inflados, licitaciones amañadas, comisiones ilegales y cuentas en paraísos fiscales. El caso Lava Jato demostró que el Estado brasileño había sido capturado por una élite política que hizo del gobierno su botín.
Del Lava Jato surgió el caso Odebrecht (también involucrado en la causa Cuadernos), cuya magnitud fue inédita: Odebrecht confesó haber pagado más de 700 millones de dólares en coimas a funcionarios de doce países. Incluso Estados Unidos se vio implicado indirectamente: parte del dinero ilícito pasó por bancos norteamericanos, y el Departamento de Justicia investigó y sancionó a Odebrecht por violar la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). El impacto económico y político del Lava Jato derivó en una gran desconfianza hacia la clase política alimentó la crisis institucional que aún persiste. Se perdieron miles de empleos y contratos, dejando un vacío en la infraestructura nacional. Pero el mayor daño fue moral.
Epílogo
En Argentina, el mecanismo de corrupción de la obra pública repitió el patrón: licitaciones direccionadas, empresarios cómplices, «bolsos» con millones de dólares y una red de recaudación ilegal montada desde el propio Estado. Muchos de estos empresarios que estarán en el banquillo a partir del 6 de noviembre, afirmaron que fueron presionados. Pero la realidad es que pagaron para acceder a los beneficios de «el club» de la obra pública, como dijo José López, exsecretario de Obras Públicas, el hombre que revoloteaba bolsos llenos de dólares a un convento donde lo esperaban monjas armadas con fusiles.
El caso «Cuadernos», evidenció la lógica relacional en la que se desarrolla la corrupción que contribuye al vaciamiento del Estado, donde funcionarios y empresarios se unen para lograr negocios espurios a costa de los intereses de los ciudadanos. Hoy, tras los intentos de reescribir la historia como «lawfare», lo único incuestionable son las pruebas sobre las que Cristina Kirchner deberá dar explicaciones: unos modestos cuadernos que expusieron un entramado de corrupción que sumió a Argentina en la miseria.
