Los tribunales que condenaron a seis años de cárcel la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en el Caso Vialidad añadieron una multa de más de 85.000 millones de pesos, equivalentes a casi 63 millones de euros, por los daños causados al Estado.
De la misma manera que la Administración no está consiguiendo que Cristina Kirchner cumpla el régimen de prisión domiciliaria que los jueces le concedieron en atención a sus 72 años y a su estatus, tampoco parece que pueda cobrar la multa. Y no porque la política peronista sea pobre, como lo fue casi la mitad de los argentinos después de 12 años de Gobierno de su familia, desde 2003, sino porque ha escaqueado sus bienes. Esta conducta en el derecho penal español se llama alzamiento de bienes.
A diferencia de tantos políticos argentinos, españoles, estadounidenses o italianos, que cuando dejan sus cargos se muestran en enormes pisos, caros automóviles o relucientes lanchas, Cristina y su marido Néstor ya eran ricos, y mucho, antes de mudarse a Buenos Aires. La dictadura militar les vino de perillas para amasar un amplio patrimonio inmobiliario en la provincia de Santa Cruz, de la que son originarios.
Después del primer año de Néstor Kirchner como presidente nacional, en 2003, el matrimonio declaró la propiedad de 25 inmuebles, que incluían 18 casas (una en El Calafate y las restantes en Río Gallegos), dos locales en esta última ciudad, cuatro viviendas dos en la capital santacruceña y dos en el barrio porteño de Recoleta), y un terreno en El Calafate, la ciudad junto al parque nacional de los Glaciares.
La mayoría de esos inmuebles se incorporó al patrimonio de los Kirchner durante la dictadura militar (1976-1982), cuando el matrimonio trabajó como abogados de bancos y financieras dedicados al recobro y el embargo de deudas de particulares, agravadas por la inflación. Los Kirchner se quedaron con varios de esos inmuebles en las subastas o ejecuciones extrajudiciales y luego los alquilaron.
En el mandato presidencial de Néstor (2003-2007), los 25 inmuebles de la sociedad conyugal pasaron a ser 44, incluyendo 200.000 metros cuadrados en El Calafate comprados a un precio bajísimo ofrecido por el alcalde, miembro de su partido. En una de esas fincas, se levantó el hotel Los Sauces, propiedad de la familia. A finales de 2007, declararon tener 12 plazos fijos en bancos por más de cuatro millones de dólares, casi el doble que los 2,4 millones que declararon en 2006. Los Kirchner tampoco confiaban en el peso y contribuyeron a descapitalizar la economía nacional.
Néstor entregó la banda presidencial a su esposa en 2007, que gobernó hasta 2015. En esos años, la familia Kirchner aumentó su fortuna. En 2008, ya poseían 28 inmuebles y también vendieron parte de las fincas compradas en El Calafate por una cifra ridícula a una empresa chilena, que pagó dos millones de dólares. Al morir Néstor en 2010, la mitad de los bienes de la sociedad conyugal pasó a sus hijos, Máximo y Florencia. En 2012, Cristina declaró 26 inmuebles y varios millones de pesos en cuentas y depósitos, junto con 3,2 millones de dólares.
El activo que más aumentó entre 2011 y 2015, el segundo mandato de Cristina Fernández, fueron los depósitos y las cuentas: de 11,5 millones de pesos a 40,7 millones.
Sin embargo, en 2016 el patrimonio de Cristina casi desapareció, porque donó casi todos sus bienes, incluidas las acciones de las empresas y sociedades familiares a sus hijos. Tal generosidad se debió a que comenzaron las investigaciones judiciales por corrupción y así esquivaba los embargos preventivos. A Máximo y Florencia les donó doce viviendas, incluido el piso en el que está cumpliendo prisión domiciliaria, cinco terrenos en El Calafate y cuatro locales. También les donó la mitad de los casi 40 millones de pesos que había declarado tener a principios de 2016.
Cuando se convirtió en vicepresidenta (2019-2023), su patrimonio, en este caso mobiliario, volvió a aumentar. Declaró poseer 48,6 millones de pesos en 2021, junto con los derechos reales heredados de su marido. Para hacer comparaciones, téngase en cuenta que el sueldo del presidente de Argentina asciende a poco más de cuatro millones de pesos. Nos encontramos, por tanto, ante una maga de las finanzas. En la actualidad, Cristina Kirchner no tiene inmuebles a su nombre, ni siquiera su cómoda cárcel. Este es el secreto de los ricos: no tener nada a su nombre y no pagar nada. Lo deprimente es que haya pobres que aplaudan a la rica Kirchner.