La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó y se incautó este sábado de un segundo buque petrolero, el Centuries, que transportaba crudo venezolano en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, en el marco de una campaña regional de presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro.
La operación, confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, se produjo pocos días después de que otro petrolero fuera capturado por fuerzas estadounidenses en circunstancias similares. En esta ocasión, el barco intervenido llevaba cientos de miles de barriles de crudo pesada venezolana con destino aparente a refinerías en Asia.
Según funcionarios estadounidenses, la acción forma parte de un “bloqueo total” decretado por el presidente Donald Trump contra los petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela para combatir lo que Washington considera financiamiento de “narcoterrorismo” a través del comercio de petróleo.
A diferencia del primer buque incautado, no figuraba en las listas de embarcaciones sancionadas por Estados Unidos, aunque las autoridades estadounidenses alegan que formaba parte de lo que llaman la “flota en la sombra venezolana”, una red de barcos usados para trasladar crudo al amparo de banderas o propietarios opacos.
El petrolero llevaba aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo cuando fue interceptado en el mar Caribe. Según documentos revisados por medios, la carga estaba comprada por intermediarios con destino a mercados asiáticos.
La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha indicado que el petrolero «transportaba petróleo de PDVSA bajo sanciones» (la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela) y que «es un navío de falsa bandera que operaba como parte de la flota en la sombra venezolana para traficar con crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista» del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Kelly ha publicado este mensaje en X para salir al paso de una serie de informaciones del New York Times y del Washington Post que ponían en tela de juicio la legalidad de la operación. El Centuries, según fuentes del diario neoyorquino, pertenece a un comerciante con base en China, especializado en el traslado de crudo desde Venezuela a las refinerías del gigante asiático.
Además, el barco tiene bandera panameña, a diferencia del caso del petrolero Skipper, abordado por EE UU el 10 de diciembre, que sí había sido sancionado por el Tesoro y que, además, navegaba con una falsa bandera de Guyana, como indicaron sus autoridades. Para terminar de complicar la situación, fuentes oficiales han confirmado al New York Times que los guardacostas no tenían una orden de registro para entrar en el Centuries e investigar su carga.
El petrolero transportaba unos dos millones de barriles de crudo venezolano, según fuentes de la agencia Bloomberg, y su tripulación comprende unos 40 marineros, la mayoría de nacionalidad china.
Dadas estas circunstancias, fuentes oficiales estadounidenses, bajo condición de anonimato, han explicado al Washington Post que el abordaje de los guardacostas está amparado por una ley marítima conocida como «derecho de visita», que permite una inspección ante la mera sospecha de actividades ilícitas.
Por todo ello, el Gobierno de Venezuela ha terminado condenando la incursión como un «robo» de sus activos y un «secuestro» de la tripulación, cometido —según Caracas— por militares de Estados Unidos en aguas internacionales, según el comunicado oficial.
Las autoridades venezolanas han calificado de «piratería» esta nueva confiscación que, a su juicio, vulnera normas del Derecho Internacional y constituye un delito flagrante.
El Ejecutivo venezolano anunció que ejercerá todas las acciones correspondientes para que los hechos no queden impunes, incluida una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos internacionales.
La Embajada de China en Washington ha señalado a Bloomberg que no dispone de información sobre el abordaje del Centuries y se ha limitado a reiterar su postura oficial.
«Por principio, China se opone firmemente a las sanciones unilaterales y a esta ‘jurisdicción de brazo largo’, que carecen de base en el derecho internacional», declaró el portavoz Liu Pengyu, quien añadió que Venezuela tiene derecho a cooperar con otros países según sus propias decisiones.
