El asilo político concedido por el Gobierno español a Edmundo González Urrutia implica que no podrá realizar actividades políticas en España. Aunque el asilo político permite ejercer actividades laborales y profesionales, existe una tradición, aunque no escrita, que veta la participación política. Fuentes cercanas al caso han señalado que el estatus de González Urrutia no compromete al Gobierno de Pedro Sánchez, lo cual es conveniente para el régimen de Nicolás Maduro. «Los opositores sacados por Zapatero deben guardar silencio«, afirman estas fuentes a Vozpópuli, mientras que Leopoldo López, quien no solicitó asilo, no se encuentra en la misma categoría.
El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo aseguró que existe un acuerdo entre Sánchez, Maduro y González Urrutia para que este último se mantenga en silencio y alejado de la vida política. Así lo explicó en una conversación con el citado diario.
El pasado lunes, el opositor venezolano publicó un comunicado en X (antes Twitter) dirigido a los venezolanos, en el cual mantuvo un tono bajo y resignado, sin hacer referencia a su victoria sobre Maduro ni a las campañas de persecución contra él y su familia.
Después de las elecciones del 28 de julio, González Urrutia se refugió en la Embajada de Holanda en Caracas durante casi un mes. Poco antes de su viaje a España, pasó brevemente a la Embajada española, que se encuentra muy cerca de la holandesa. La oposición optó por la intermediación de Holanda cuando el Gobierno español comenzó a acercarse a Maduro, y fue este país quien lo acompañó en las conversaciones en Barbados.
Aunque González Urrutia solicitó asilo en España, donde vive su hija, la intervención española fue limitada a trámites técnicos, como la autorización y el traslado en avión. Algunas fuentes consideran que la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez fue «pobre» y lo critican por su «tibieza». Aunque no rechazan las negociaciones con el régimen si benefician a la oposición, creen que el Ejecutivo español ha adoptado una postura pasiva. Incluso el propio Gobierno ha admitido que su papel se limitó a gestionar la salida de González Urrutia, ajustándose a los deseos de Maduro.
El proceso de concesión de asilo también ha sido cuestionado. Se advierte que puede haber una posible infracción legal, ya que el asilo debería solicitarse en territorio español, no antes de llegar. Además, el ministro Albares ya adelantó que se le concedería el asilo, a pesar de que es una comisión interministerial, con participación de la sociedad civil, la que debería decidir.
En el pasado, Zapatero comenzó a intermediar en Venezuela en 2015, y aunque inicialmente fue aceptado por ambas partes, en 2018 perdió el apoyo de la oposición debido a su creciente cercanía con Maduro. Esta relación también ha sido vinculada a su amistad con Pablo Iglesias y Podemos. Algunos atribuyen el giro de Pedro Sánchez hacia un pacto de gobierno con Podemos en 2019 a la influencia de Zapatero.
El acercamiento de Sánchez al régimen chavista comenzó a consolidarse en 2019, y se materializó a inicios de 2020, con el recién formado gobierno de coalición con Iglesias. El episodio conocido como Delcygate, ocurrido el 20 de enero de 2020, marcó un punto clave en esta relación. Sin embargo, en ese distanciamiento con la oposición no participó Josep Borrell, quien mantuvo gestiones a favor de líderes opositores como Leopoldo López y continuó organizando videoconferencias con Juan Guaidó. Este enfoque fue abandonado con la llegada de Albares al Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que ha llevado a una menor liberación de presos políticos.
