Este jueves Santa Cruz ha asumido el décimo tercer día de paro cívico en exigencia de la realización del censo de población y vivienda en 2023, y que los resultados del mismo sean entregados de manera oportuna para que, entre otros aspectos, se realice una reasignación urgente de recursos en tiempos de crisis económicas y para que sirva como elemento para la convocatoria a elecciones generales de 2025.
Esta iniciativa de protesta masiva ha alcanzado niveles cada vez más difíciles de tolerar tanto en duración como en intensidad debido a la confrontación que han iniciado el régimen de Arce, miembros del Movimiento al Socialismo (MAS) y movimientos afines contra ciudadanos cruceños.
Sin embargo, aparentemente se podría ver el inicio del fin del conflicto ante la convocatoria de una mesa técnica por parte del gabinete de Arce a representantes de todas las gobernaciones, alcaldías y universidades públicas del país en la que estarían presentes, por primera vez, representantes de organismos internacionales, aunque autoridades y líderes cívicos cruceños no habrían sido invitados “porque el diálogo tiene que ser sin condicionamientos”, según Sergio Cusicanqui, ministro de Desarrollo a cargo del censo.
En el entretanto hay elementos importantes que no se puede dejar pasar de vista debido a que permiten identificar las principales características del conflicto, así como el rol que juegan algunos de sus principales protagonistas.
El rol de Morales y los conflictos internos del MAS
Morales y Arce mantienen distancia por conflictos en la pugna del poder, y en la medida que la figura de Arce Catacora se vea hoy más debilitada que nunca desde que asumió el máximo cargo del país, el jefe cocalero puede aprovechar para presentarse como la única alternativa no sólo como líder indiscutible del partido, sino además del país, aunque las probabilidades reales de que alcance su objetivo sean mínimas.
En este sentido el rol de Morales en el conflicto específico del censo ha sido irrelevante, aunque ha tratado de mostrarse en determinados momentos como conciliador, llamando al Gobierno de Arce a dedicar “esfuerzos y voluntad política” para resolver el conflicto en Santa Cruz, aunque los legisladores que siguen su línea se encargan de recordar permanentemente que existen divisiones en el MAS.
Leonardo Loza, senador cocalero, aseguró en días pasados que “el que está generando división y confrontación al interior del Movimiento al Socialismo, definitivamente, es el compañero David Choquehuanca. Para mí está absolutamente claro, el que está a la cabeza de los renovadores y habla siempre, subliminalmente, de atacar a Evo Morales, es él”.
Morales, Arce, Choquehuanca (que guarda distancia y silencio sospechoso) y el MAS tienen sus propios problemas, y probablemente el desenlace del conflicto por el censo será el que ayude a terminar de definir cuál de estos actores será el que mayor poder pueda acumular.
No hay atisbos de institucionalidad
Contrariamente a lo que sucede en todo país que se digne de contar con una institucionalidad democrática sólida de larga tradición que garantice cierta estabilidad, y lejos de que actúa en función de advertir o detener los enfrentamientos, en Bolivia la policía ha estado actuando como escolta de los personajes afines al MAS y el régimen de Arce, que llegan del interior del país generando violencia en localidades como La Guardia contra quienes defienden el objetivo del censo para 2023.
Igualmente, la Fiscalía ya tendría que haber actuado de oficio ante casos que constituyen crímenes de lesa humanidad, como la toma de empresas privadas, el corte de la dotación de gas industrial, el bloqueo de vertederos sanitarios, amenazas de cercos a la ciudad “hasta generar hambruna”, impedimento del paso de ambulancias en emergencia, amenazas de muerte a líderes cívicos y autoridades departamentales y, de manera más reciente, gremiales que amenazan con iniciar una guerra civil, infame estribillo que se recuerda de la población de El Alto ante la caída de Morales en 2019, pero ni siquiera se ha escuchado pronunciamiento alguno de Juan Lanchipa, Fiscal General de Bolivia, desde el inicio del conflicto.
La oposición, débil como desde un principio
Carlos Mesa, líder de la bancada con mayor representación presumiblemente de oposición en el Legislativo, se limita a escribir en sus redes sociales pidiendo a Arce que detenga el conflicto, y ofrece un número reducido de entrevistas en distintos medios de comunicación. Sin embargo, resulta difícil no recordar la actitud de Mesa durante el gobierno de la expresidente Jeanine Áñez respecto del manejo de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, y llama la atención que no se dirija a Arce con la misma vehemencia e intensidad que se observaba en los videos que editaba desde el jardín de su casa contra la exmandataria y su gobierno.
Igualmente, aunque con honrosas excepciones de legisladores que están presentes de manera activa en distintos puntos de bloqueo de calles y avenidas de la ciudad cruceña y realizando denuncias formales concretas por serios delitos de personajes afines al oficialismo por terrorismo de Estado, unos pocos legisladores de la Asamblea Legislativa apenas se pronuncian esporádicamente para decir lo que todo el mundo ya sabe, y otros menos han advertido con ingresar en huelga de hambre si es que este viernes el régimen de Arce anuncia que el censo se realizará en 2024 y no en 2023, aunque no para tratar de evitar que lo haga.
El papel conciliador de la Iglesia
A pesar de haber sido descalificada como intermediario válido por Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomías, luego de afirmar que no se trata de un interlocutor válido “porque no tiene experiencia en censos”, la Iglesia Católica no ha agotado sus llamados al régimen de Arce por detener la violencia y entablar un diálogo sin condiciones.
La Iglesia católica se pronunció en una convocatoria de la prensa alertando que la escalada de violencia va en aumento, por ello pide a las autoridades buscar soluciones para restaurar la paz en el país.
En esta conferencia de prensa, monseñor Giovani Arana, secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, sostuvo: «Vivimos en un Estado de derecho, por lo tanto, es obligación del Gobierno precautelar los derechos humanos de todos los ciudadanos bolivianos, y también solucionar los problemas sociales, respetando la dignidad de cada boliviano».
El impacto del conflicto por el censo sobre la economía
Así como lo ha advertido la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) por medio de un comunicado de este miércoles, la escasez de alimentos ha empezado a notarse en todo el país debido al cerco que el masismo realiza contra Santa Cruz frente al paro cívico.
De la misma manera, la CAO ha asegurado que “se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, presente y futura, y de ninguna manera es responsabilidad de los productores, que en todo momento buscan el abastecimiento oportuno para toda la población nacional”.
Además, y como es natural, las consecuencias pueden observarse en el incremento de los precios de productos como la carne de res, pollo, huevo, granos, leche, verduras, hortalizas, etc.
Además de varios otros detalles, esto ya no le permitirá al régimen de Arce alardear el bajo nivel de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor, para ser reemplazado por Ecuador, que, de acuerdo con el FMI, será el país con menos inflación de Sudamérica tanto en lo que queda de 2022 como durante 2023.
Igualmente, aunque el objetivo oficial de alcanzar un crecimiento del PIB del 5,1% en 2022 era muy difícil de creer, cuando las proyecciones de distintos organismos coincidían en una cifra de alrededor del 3,5% mucho antes del paro cívico, Arce se ha adelantado en decir que el crecimiento será menor y que ¿Cómo no?- podía ser de otra manera, culpa a Santa Cruz.
Médicos se declaran en emergencia y van al paro
Para peor, el escenario se oscurece con cada día que pasa, al punto en que el Colegio Médico de Bolivia se ha visto en la necesidad de convocar a una rueda de prensa este miércoles para denunciar que afines al MAS que cercan la ciudad contra las huelgas de los cívicos impiden el paso, pinchan las llantas o exigen un peaje a ambulancias que tienen la urgencia de trasladarse con pacientes y personal sanitario.
Con este motivo el Colegio Médico ha decidido ingresar en una huelga de brazos caídos a nivel nacional este viernes, si estas escaramuzas contra el personal sanitario en Santa Cruz no se detienen. Caso contrario este martes 8 de noviembre se iniciará el primer paro nacional de servicios de emergencia durante 24 horas.
Santa Cruz, que está luchando por algo que le hace falta a cada boliviano, departamento y región, no está solo. Lo que hacen las hordas masistas, que no se replica ni siquiera en la guerra de Rusia contra Ucrania, es algo que no seguirán tolerando.
Escalada hacia un paro cívico nacional
Como muestra de que el conflicto va en escalada, y de que con seguridad la tensión será mayor si Arce y su gabinete no dan marcha atrás con la fecha del censo, la tarde de este jueves los 8 comités cívicos restantes del país se pronunciaron por medio de un comunicado de Roxana Paz, presidente del Comité Cívico de Potosí, advirtiendo que si no se cumplan las demandas planteadas por los cívicos, anunciarán un paro nacional que se iniciará el lunes 7 de noviembre.
Paz afirmó claramente que la medida de presión está motivada fundamentalmente porque se están “promoviendo la violencia física y psicológica contra la población de Santa Cruz, están violentando los derechos humanos de los bolivianos y alentando un clima de violencia desde el propio Estado, cuyos órganos de protección a la sociedad civil se encuentran sometidos al capricho y la intolerancia de los ministros”.
Expectativas ante un nuevo acercamiento y el mensaje de Arce
El conflicto por el censo estalló a mediados de julio cuando Arce Catacora aprobó el Decreto Supremo N° 4760 que fijó como nueva fecha del proceso para mayo o junio de 2024. La norma dejó sin efecto otro decreto, el DS N° 4546, que había declarado al censo de “prioridad nacional” para que se haga realidad el 16 noviembre de este año.
La tarde de este jueves la ex ministra de Desarrollo, Gabriela Mendoza, reveló que el censo estaba garantizado para 2022, pero que, debido a la aparición de “‘una mano negra’ al interior del Consejo de Autonomías, que lo único que ha hecho es causar un daño al país al volver el foco de atención sobre un proceso que hasta ese momento estaba totalmente encaminado y que continúa en ejecución”.
Es por esto que existe expectativa sobre lo que se vaya a determinar en esta reunión a iniciarse a las 18:00 horas de este viernes en la ciudad de Trinidad, Beni, puesto que el objetivo del oficialismo es determinar que el censo sea realizado en 2024 “para mantener los estándares de calidad, lo cual lleva al 2024”, de acuerdo con Cusicanqui.
También afirmó que existe predisposición a revisar la fecha de acuerdo a lo que los equipos técnicos determinen sobre si es factible poder reducir algún plazo del cronograma del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Al respecto, a pesar de que su actitud casi indiferente, de que no se pronuncia con frecuencia sobre el conflicto del censo y de que se pasea por el país inaugurando obras públicas como si no hubiera conflictos, a las 12:53 de la madrugada de este jueves, Arce Catacora dijo desde sus redes sociales: “Siempre convocamos al diálogo y la invitación permanece abierta, porque confiamos en que es el mejor mecanismo para la solución de conflictos».
Además, agregó: “Con la instalación de la comisión técnica que decidirá la fecha del Censo, damos certidumbre a la población sobre la ejecución y calidad del proceso censal. Exhortamos a deponer cualquier medida de presión que atente contra la reconstrucción de Santa Cruz”.
Por su lado, Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y vocero del Comité Interinstitucional por el censo 2023, sostuvo: “Aquí estamos, los miembros del equipo técnico. Si nos cursan la invitación, ahí vamos a estar. Seguimos sosteniendo que el censo sí se puede realizar el año 2023. Se ha hecho todo el análisis jurídico y tenemos los elementos que sustentan nuestra propuesta”.
En esta reunión además estarán presentes por primera vez representantes de organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Celade/Cepal), que se espera que contribuyan al inicio del fin del conflicto.
