La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó, por mayoría, un dictamen que busca fortalecer la fiscalización y supervisión de la ejecución de los recursos que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la cooperación internacional.
De acuerdo con el grupo de trabajo parlamentario, si bien la cooperación internacional es valiosa para el Perú, especialmente, la humanitaria y de promoción del desarrollo sostenible, existen vacíos legales que no ayudan a la supervisión de las organizaciones beneficiarias como las ONG.
Por ello, el texto plantea un marco regulatorio semejante al de los países que pertenecen a la OCDE e introduce la figura de organizaciones o entidades que realicen el activismo político. Así, se busca fiscalizar a las entidades con financiamiento extranjero que podrían estar realizando influencia política en el Perú «en menoscabo de su orden interno y defensa nacional».
«Lo único que persigue esta ley es transparencia y darle la garantía a la APCI que sus recursos son bien utilizados», manifestó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular).
Asimismo, el texto refiere que las organizaciones que gestionen cooperación técnica internacional deberán inscribir obligatoriamente ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), sus proyectos, programas o actividades, bajo sanción.
Además, propone una intendencia adscrita a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para que los recursos de cooperación técnica internacional que reciben las ONG sean transparentados.
«Desde hace mucho tiempo las ONG vienen actuando de manera libérrima, donde muchas veces se confunde lo que hacen. Así, bajo el amparo de algún tipo de concepto de protección al medioambiente, cultura, sociedad o a grupos amenazados, lo que hacen es intervenir en políticas del Estado y al intervenir en el desarrollo de un país lo que están haciendo no tiene nada que ver con el fin por el que fueron creadas. Entonces, influyen en políticas públicas so pretexto de alguna representatividad», dijo el abogado Anthony Laub al diario Perú 21 que le consultó su opinión sobre la iniciativa legislativa.
Manifestaciones en contra
A través de un comunicado, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países expresaron su preocupación ante la propuesta del Congreso para fortalecer la fiscalización del financiamiento que reciben las ONG.
Las embajadas de las naciones firmantes indicaron que «las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos».
Además, advirtieron que los cambios propuestos «restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio».
