La derecha portuguesa ha frenado en el Parlamento una propuesta de ley ciudadana que pretendía endurecer el marco penal de los llamados «delitos de odio», una categoría cada vez más utilizada por la izquierda europea para ampliar los límites de la intervención penal sobre el discurso público.
La iniciativa fue rechazada este viernes con los votos en contra de CHEGA, Partido Socialdemócrata —PSD—, Iniciativa Liberal y el CDS, socio de Gobierno. También destacó la abstención de un diputado socialista.
La propuesta planteaba aumentar las penas para delitos vinculados a «discriminación e incitación a la violencia por motivos de raza, religión, sexo u orientación sexual». Actualmente, el Código Penal portugués contempla penas de entre seis meses y cinco años para este tipo de delitos. El proyecto buscaba elevarlas hasta ocho años de prisión.
Desde la bancada de CHEGA se defendió que Portugal no es un país racista y se advirtió del riesgo de convertir conceptos jurídicos cada vez más amplios en instrumentos de «censura ideológica».
CHEGA fue especialmente crítico con el marco planteado por la izquierda y cuestionó que exista en Portugal una situación que justifique un endurecimiento penal de esta naturaleza. El partido de André Ventura defendió, además, la necesidad de proteger la libertad de expresión frente a leyes que, bajo el pretexto de combatir el odio, pueden terminar castigando opiniones incómodas o disidentes.
