El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia confirmó el martes la formulación de cargos contra el presidente del país, Gustavo Petro, por presuntas irregularidades durante su campaña de 2022.
El presidente del organismo, César Lorduy, ha precisado que el CNE procederá a «abrir una investigación y formular cargos a la campaña» del mandatario sudamericano, en medio de una polémica que se ha extendido por meses y en la que el mismo es señalado por haber superado los topes establecidos por ley para financiar la campaña presidencial sin haberlo informado al organismo.
A inicios de septiembre los magistrados Benjamín Torres y Álvaro Hernán Prada alertaron que el comando petrista habría sobrepasado en 3.700 millones de pesos (800 mil euros) el tope legal durante la primera vuelta electoral, mientras que durante la segunda el exceso fue de unos 1.600 millones de pesos (350 mil euros). Adicionalmente los magistrados apuntan que Petro recibió aportes de personas jurídicas, algo que también se encuentra reñido con el marco legal que regula la materia.
En este sentido, el CNE ha decidido imputar formalmente tanto a Petro como a su gerente de campaña, Ricardo Roa (quien hoy se desempeña como presidente de la empresa Ecopetrol). De igual modo serán imputados el auditor de la misma, Juan Carlos Lemus y las tesoreras María Lucy Soto y Lucy Mogollón.
Un hecho inédito
Esta decisión marca un hito en la historia reciente del país hispanoamericano, pues es la primera vez que un presidente en ejercicio resulta imputado formalmente por haber rebasado los topes legales de campaña.
Aunque antecesores de Petro como Juan Manuel Santos e Iván Duque fueron señalados en su momento por haber incurrido presuntamente en esta falta, sus casos nunca avanzaron a la fase de imputación.
La legislación colombiana prevé que tras hacerse público el anuncio procede la notificación a los imputados, quienes contarán con 15 días para elaborar una respuesta a los cargos del CNE. Luego de ello está previsto un plazo de 60 días para la entrega de pruebas y finalmente la presentación de los alegatos conclusivos del caso.
Si se comprueba que la acusación es cierta, las principales consecuencias desfavorables para Petro serían fundamentalmente económicas, dado que el organismo electoral no posee competencias judiciales y sólo puede imponer sanciones en forma de multas o de posibles inhabilitaciones a la formación política del actual mandatario colombiano.
