Este lunes, Colombia amaneció en la penumbra. Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y candidato presidencial joven, que prometía ordenar el caos sin pedir perdón por ello, no sobrevivió a los disparos que lo hirieron en un mitin abierto, en junio. Murió el 11 de agosto tras dos meses aferrado a la vida. Su equipo había calculado rutas, horarios, contingencias; nada alcanzó. La política volvió a escribirse a balazos, como si un disparo pudiera anticipar lo que las urnas podrían haber dicho más adelante. No es un accidente colombiano: es el último capítulo de una tragedia que se repite de Caracas a La Paz, de Managua a Ciudad de México. En Iberoamérica, al disidente patriota se le intenta derrotar por tres vías: la bala, la toga y el destierro.
La bala que decide lo que temen las urnas
Hay noches que parten un país en dos. Ecuador las conoce: el 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio —candidato presidencial, periodista aguerrido contra la corrupción y las redes del narco— fue acribillado a la salida de un mitin. Aquel asesinato abrió una investigación que ha dejado condenas contra miembros de bandas como Los Lobos, pero no ha disipado la sombra principal: quién ordenó la ejecución y con qué alianzas políticas o económicas se sostuvo. Sin esa respuesta, el mensaje queda intacto: hay poderes que no se someten a las urnas y que prefieren gobernar por la intimidación. México lo viene padeciendo con la regularidad de una tormenta monzónica: su ciclo electoral de 2024 marcó un pico de asesinatos de aspirantes y candidatos de la oposición, decenas, según los conteos de las consultoras y de la prensa. En demasiados municipios, la política se discute con escoltas, y el mitin no es el encuentro con los vecinos sino una operación de riesgo.
Brasil ofrece el retrato más crudo del cuerpo como campo de batalla. El 6 de septiembre de 2018, Jair Bolsonaro fue apuñalado en plena campaña. Sobrevivió, pero el país comprendió que la violencia ya no se contentaba con insultar al adversario: había decidido perforarlo. A partir de entonces, ningún equipo de seguridad planificó un acto sin mirar los techos, sin trazar perímetros, sin calcular rutas de evacuación. Colombia, con la muerte de Uribe Turbay, ha vuelto a ese miedo primario que conoció en los noventa: la sospecha de que el magnicidio —palabra que creímos desterrada— puede regresar cuando un liderazgo nacional de orden y seguridad amenaza a quienes medran sintonizados al Foro de Sao Paulo.
Y, sin embargo, la bala no es la única amenaza. Es la más visible y la más brutal. Pero la política en Iberoamérica ha perfeccionado un método más silencioso, más «elegante» y, por eso mismo, más letal para la alternancia: la judicialización.
La toga como mordaza: cárcel, inhabilitación y juicio interminable
La escena se repite en todos los países con pequeñas variaciones: audiencias maratonianas, tecnicismos, medidas cautelares. Y un efecto práctico: el líder opositor queda fuera de juego cuando más lo necesita su movimiento. En Bolivia, la expresidenta Jeanine Áñez recibió una condena de 10 años por el caso «Golpe II», una lectura penal de la transición de 2019 que transformó un vacío de poder en delito. La sentencia fue ratificada en las instancias clave, consolidando el precedente: ocupar el timón cuando el barco zozobra puede costar la cárcel si el partido hegemónico decide cerrar filas desde los tribunales. En paralelo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias calificó de arbitraria la detención del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, y reclamó su liberación. Que una instancia internacional tenga que recordarle a un Estado los límites de la coerción habla de una región donde el proceso penal ha dejado de ser garantía para volverse herramienta.
Colombia atraviesa, además, un terremoto de otra naturaleza: la condena en primera instancia a Álvaro Uribe —12 años de prisión domiciliaria— por el caso de presunta manipulación de testigos. Su defensa ha apelado y el trámite seguirá; el dato político, en cambio, ya está puesto: una fuerza con millones de votos debe disputar su supervivencia en el terreno minado de una causa penal.
Brasil, por su parte, enseña cómo la guerra jurídica no termina donde empieza la cirugía. Aquel apuñalamiento de 2018 no impidió que Bolsonaro llegara al poder, pero años después el tribunal electoral lo declaró inelegible hasta 2030 y, en 2025, el Supremo le impuso arresto domiciliario en el marco de medidas cautelares por supuesta desobediencia en una causa de complot. En términos políticos, el resultado es idéntico a una proscripción: la decisión deja de tomarse en el colegio electoral y se traslada a un despacho togado. Y, en este caso, además se incluye a su hijo Eduardo.
Venezuela ocupa un capítulo aparte. No porque la inhabilitación a María Corina Machado —15 años, ratificados en 2024 tras arrasar en la primaria— sea menos grave, sino porque es la punta de un iceberg que incluye presos políticos, torturas documentadas por misiones de la ONU y organizaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas breves para quebrar a disidentes, y una justicia militar utilizada contra civiles. La arquitectura jurídica del chavismo no sólo veta candidaturas: administra el miedo. Quien cuestiona al régimen entiende que puede pasar por la tortura del SEBIN o DGCIM. Hay, literalmente, centenares de testimonios y decenas de informes que lo avalan. La pregunta, entonces, no es si hay represión: es cuánta más resistirá una sociedad.
Perú dibuja otra variante del mismo método: la judicialización prolongada. Alberto Fujimori, el presidente que estabilizó una economía demencial como la peruana en 1990 y venció militarmente a los terroristas de Sendero Luminoso, fue condenado en 2009 a 25 años por violaciones de derechos humanos, por episodios que se dieron dentro del marco de la guerra contra el terror. Felizmente, en este caso, pudo vivir sus últimos días en libertad gracias a un indulto.
Por supuesto, Cuba completa la postal con su régimen de represión letal y legal desde hace 65 años. Así, pieza a pieza, se conforma el mosaico: donde no llega la bala, llega la toga; donde la toga no basta, se activa la tercera herramienta, la más fría, la que borra a la persona del mapa.
Destierro y silencio: cuando el régimen te borra del mapa
El destierro es la confesión de que el poder ya no necesita convencer: le basta con expulsar. La Nicaragua de Ortega y Murillo firmó el manual contemporáneo el 9 de febrero de 2023, cuando 222 presos políticos fueron subidos a un avión, desnacionalizados y enviados a Estados Unidos. Días después, otros 94 opositores —periodistas, escritores, activistas— fueron declarados «apátridas». La sanción no terminaba en la puerta del aeropuerto: incluía confiscación de bienes, prohibición de retorno y una advertencia a los que quedaban dentro. Un país que expulsa a su disidencia en bloque es un país que ha decidido no tolerar la alternancia en ninguna de sus formas.
Venezuela, de nuevo, ofrece la totalidad del repertorio: proscripción de candidaturas que amenazan al sistema, exilio forzado de dirigentes y periodistas, y una diáspora de millones que, sin ser todos perseguidos políticos, ha vaciado de talento y músculo cívico a la oposición interna. La represión no se mide solo en rejas; se mide en salidas forzadas, en familias rotas, en carreras truncas, en esa destrucción social que el autoritarismo persigue como victoria.
Pero esta no es una realidad ni tan lejana ni tan exótica. Como recordó el eurodiputado Hermann Tertsch en una columna la semana pasada, en EEUU y en Europa también se muestran grietas: Robert Fico tiroteado en Eslovaquia; Matteo Salvini sentado en el banquillo por defender las fronteras; Marine Le Pen sometida a un cerco jurídico-administrativo que busca apartarla de la contienda; presiones para ilegalizar a la AfD o a VOX en Alemania y España, y un hostigamiento sin precedentes al PiS en Polonia con diputados detenidos; y, al otro lado del Atlántico, el intento de magnicidio y encarcelamiento contra Donald Trump. Los mecanismos son los mismos con acentos distintos: la bala, la toga y el veto previo. Por eso lo que ocurre en Iberoamérica nos concierne también aquí: no para desesperar, sino para alertar y organizar. Defender la libertad —en Caracas o en Bratislava, en Bogotá o en Madrid— exige la misma disciplina y, sobre todo, una profunda valentía.
