El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli ha ganado este domingo las primarias del partido Realizando Metas (RM), por lo que se ha convertido en el primer candidato a la Presidencia del país para las elecciones que tendrán lugar en mayo de 2024.
Martinelli ha obtenido más del 96 por ciento de los votos de la formación, dejando muy atrás a sus contrincantes, Rubén Pepe Campos, con el 2,5 por ciento de las papeletas; y Francisco Ameglio y Daniel Ochy, que no han llegado al uno por ciento.
Así, podrá volver a participar en la carrera presidencial, siempre y cuando la Justicia panameña se lo permita, ya que está acusado de blanqueo de capitales por la compra de Editora Panamá América (Epasa) en el marco del caso New Business.
Después de ganar las primarias, ha afirmado que ha sido víctima del poder judicial para acabar con su carrera política. «Soy quien lidera todas las encuestas de opinión; sin embargo, desde oficinas refrigeradas desde el Casco Antiguo y desde las colinas de Ancón se planifica y ejecuta un juicio netamente político», ha declarado en el Hotel El Panamá ante sus simpatizantes.
«Las leyes o procedimientos jurídicos son usados como arma de guerra y con el único fin de inhabilitarme, como candidato presidencial del partido Realizando Metas, mediante procesos amañados«, ha agregado, según ha recogido el diario ‘La Estrella’.
Martinelli, que fue presidente del país latinoamericano entre 2009 y 2014, también ha sido sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, acusado de estar involucrado en actos de «corrupción significativa». El expresidente fue imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española admitiera en abril de 2021 un recurso formulado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR).
El exmandatario aseguró en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional española, Ismael Moreno, que no recibió dinero por adjudicar las obras de las líneas 1 y 2 del Metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá al consorcio capitaneado por Odebrecht, del que también formaba parte FCC.
La causa se abrió en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de Odebrecht por la posible comisión de delitos de blanqueo, cohecho y organización criminal cometidos entre los años 2009 y 2015. La constructora brasileña se habría servido de sociedades españolas para blanquear las supuestas mordidas.
