Aún no está claro el destino del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Las últimas imágenes — encadenado de pies y manos durante un arresto inusual— dejaron ver parte de una estrategia del recién inaugurado gobierno de Xiomara de Zelaya de entregar a sus ‘enemigos políticos’ a la justicia de los Estados Unidos. El exmandatario, quien ha sido requerido por delitos de narcotráfico por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, inició este jueves el proceso de discusión del recurso de apelación a su extradición.
Según un memorando oficial, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia convocó a una sesión plenaria por zoom, este jueves 24 de febrero, para realizar la primera audiencia de revisión de la apelación a la extradición del expresidente, interpuesta por su abogado, Féliz Antonio Ávila Ortiz.
La representación legal de Juan Orlando Hernández busca un fallo en contra de la Resolución proferida por el Juzgado Natural de Extradición de Primera en Instancia para extraditar en términos expeditos a Hernández a los Estados Unidos para que enfrente cargos relacionados con el tráfico de drogas.
De acuerdo a la agenda de la Corte Suprema de Justicia, éste jueves se dio apertura a la discusión en relación del procedimiento celebrado el 16 de febrero de 2022 y que aparece en el Expediente Nota en una nota verbal N-119-2022.
Juan Orlando Hernández está acusado de cargos de conspiración para traficar cocaína a los Estados Unidos y de haber recibido sobornos de cárteles a cambio de seguridad y protección de las operaciones de trasiego de drogas en territorio hondureño durante el tiempo que ejerció como presidente del Congreso y jefe de Estado de Honduras.
El nombre del exmandatario, Juan Orlando Hernández, salió a relucir cuando los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York expusieron los argumentos en la acusación contra Juan Antonio Hernández Alvarado Hernández, exdiputado y hermano del ahora acusado, que fue sentenciado a cadena perpetua luego que un jurado lo condenara por cuatro cargos, incluido el tráfico de drogas a territorio estadounidense.
Desde los primeros señalamientos hechos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Juan Orlando Hernández ha negado las acusaciones y ha advertido que toda la trama fue orquestada por narcotraficantes hondureños en venganza a sus políticas contra el tráfico de drogas que llevó a cabo en su gobierno con la supuesta asesoría de los estadounidenses.
El Gobierno de Xiomara Castro de Zelaya ha anunciado que está dispuesto a entregar a Hernández Alvarado, en un afán por presentarse como supuesto colaborador y dispuesto a acabar con el flagelo. JOH —como popularmente se le conoce— ha anunciado que sí es extraditado «trabajará para demostrar que es inocente de los cargos que se le imputan los fiscales neoyorquinos».
Los cargos
Hasta el momento, la acusación formal contra Juan Orlando Hernández no ha sido publicada por el sistema de corte de los Estados Unidos, sin embargo, una nota que la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa remitió al gobierno hondureño, a través de la cancillería, manifiesta que el expresidente «es buscado para ser juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas y delitos con armas de fuego».
Los detalles del asunto no se han hecho públicos por parte de la fiscalía estadounidense, pero durante la audiencia inicial en la Corte Suprema de Justicia de Honduras se le informó a JOH que está imputado por de tres cargos:
1) Conspirar para traficar una sustancia controlada a EE.UU. desde un lugar fuera del país, fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos
2) Usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le acusa en el cargo uno.
3) Conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.
Con algunos matices, se trataría de los mismos cargos que llevaron a su hermano, “Tony” Hernández, a ser condenado a cadena perpetua.
Sin visa y sin amigos en Estados Unidos
El pasado 7 de febrero, Antony J. Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos, informó que su gobierno «está comprometido con la lucha contra la corrupción y la promoción de la democracia, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas en apoyo de los pueblos de América Central, lo cual es inquebrantable».
Indicó que debido a que estos temas son clave para un futuro mejor para Centroamérica, procedieron a desclasificar y publicitar la inclusión del expresidente, Juan Orlando Hernández, “en la lista de Actores corruptos y antidemocráticos de los Estados Unidos, bajo la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos”, la cual establece que generalmente las personas enumeradas no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. Especificó que el Departamento de Estado incluyó a Hernández en la lista a partir del 1 de julio de 2021.
Blinken refirió que, en su informe al Congreso, su despacho indicó que de acuerdo a “múltiples informes creíbles de los medios, Juan Orlando Hernández se ha involucrado en una corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas. Además, Hernández fue identificado por su nombre en el testimonio de un testigo jurado en un proceso penal federal de los EE. UU. por haber recibido ganancias del narcotráfico como parte de los fondos de su campaña”.
El secretario de Estado dijo que Estados Unidos continuará apoyando al pueblo de Honduras en su esfuerzo por contribuir y beneficiarse de las instituciones democráticas, generar oportunidades económicas equitativas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias.
Señalamientos en el juicio de “Tony” Hernández
JOH deberá lograr echar por tierra su calificación como coconspirador surgida en el juicio de su hermano, cuando documentos presentados en el proceso judicial revelaron que los Hernández Alvarado —así como otros altos funcionarios gubernamentales de Honduras, entre quienes se cuenta al expresidente Porfirio Lobo— se habrían valido del narcotráfico para alcanzar, mantener y aumentar, su poder político.
Cuando esto se conoció, JOH saltó al ruedo diciendo que solamente se trataba de “un ataque con un afán de venganza que buscan los narcotraficantes contra el único presidente que ha hecho lo que tenía que hacer, y es lógico esperar la reacción de estos criminales tratando de evitar que sigamos con nuestra lucha, pero no nos vamos a detener (…) Las acusaciones infundadas y sin pruebas que circulan son parte de una conspiración en contra de nuestro gobierno y lo quiero decir hoy desde Honduras para el mundo: son acciones que vienen en contra de la política que hemos impulsado para traerle paz y tranquilidad a Honduras».
Juan Orlando Hernández se sintió aludido pese a que la documentación de la fiscalía no hacía mención directa de él con nombre y apellido. Tampoco, para aquel entonces, se había presentado cargo alguno en su contra. Simplemente en los papeles se hablaba de CC-4, «elegido presidente de Honduras a fines de 2013». Decían dichos documentos que, supuestamente, USD 1,5 millones se destinaron a sobornos durante su campaña electoral para así comprar favores políticos a cambio de protección.
Se manejaba para esa fecha, información de que los fiscales federales estiman que JOH presuntamente integraba un grupo de personas que eran investigadas por la DEA desde 2013 por su participación “en actividades de gran escala de narcotráfico y lavado de dinero relacionadas con la importación de cocaína en los Estados Unidos“.
También se habría pedido en 2015 que Apple, Google, Microsoft, Yahoo y AOL proporcionaran información de títulos de correos electrónicos, pero no de su contenido, entre los cuales por lo menos dos pertenecen, supuestamente, a Juan Orlando Hernández. La hermana de JOH, Hilda Hernández, ya fallecida, su asesor Ebal Díaz, su ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, cuatro miembros de la familia Rosenthal, estaban entre los investigados.
En el gobierno de EE.UU. ya se hablaba de Honduras como un narcoestado, de acuerdo a las pruebas que se manejaban en los tribunales.
Figuración en el juicio de Geovanny Fuentes
Del mismo modo, el nombre de Juan Orlando Hernández se dejó escuchar en los últimos días del juicio que se le siguió en marzo de 2021 al narcotraficante hondureño, Geovanny Fuentes, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, cuando el fiscal federal, Michael Lockard, sostuvo durante la exposición de sus argumentos de cierre, que JOH había aceptado sobornos de un narcotraficante entre los años 2013 hasta 2019.
Dijo Lockard que Geovanny Fuentes Ramírez se reunió en varias ocasiones con el expresidente en 2019 y en esos encuentros el primero le pagó sobornos a cambio de seguridad para él, sus socios y la mercancía (droga) que transportaban desde Honduras a los Estados Unidos.
Asimismo, durante todo el juicio varios testigos señalaron que JOH recibió coimas de varios narcotraficantes, incluyendo a Geovanny Fuentes Ramírez. Los pagos de sobornos se mantuvieron, de acuerdo a datos recabados por las autoridades sobre dos reuniones que tuvo Fuentes Ramírez con Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cártel de los Cachiros en la prisión de Manhattan donde los dos estaban arrestados.
La fiscalía enfatizó en ese proceso judicial “en el hecho que el presidente de Honduras recibía coimas de Fuentes y otros» y que además quería tener parte de la cocaína propiedad del acusado. Recordó Lockard que Fuentes Ramírez tenía un laboratorio de drogas ubicado en Cerro Negro, cerca de Puerto Cortés, y que el mandatario Juan Orlando había expresado al acusado que quería cocaína para exportarla a través del puerto. El fiscal dijo que ‘El acceso al laboratorio del acusado valdría millones’».
Otros documentos manejados en el juicio y revelados por el gobierno señalaban que Juan Orlando Hernández tenía participación en operaciones de drogas desde hace mucho tiempo, y sostuvieron que su ascenso al poder político fue financiado por narcotraficantes a cambio de protección para sus actividades criminales.
Los fiscales sostienen que los hermanos Hernández Alvarado «desempeñaron un papel de liderazgo en una violenta conspiración de narcotráfico patrocinada por el Estado». Se estaban reforzando las aseveraciones que ya habían formulado durante el juicio de Tony Hernández.
También el fiscal federal, Jacob Gutwillig, sostuvo que JOH pactó una alianza con los Cachiros, un cartel local al que ayudó a introducir miles de kilos de cocaína en Estados Unidos. Dicho funcionario, igualmente calificó a Honduras como un “narcoestado” donde el narcotráfico prospera gracias a la violencia y las conexiones con la policía, el ejército y la clase política, “incluido el actual presidente de Honduras”.
Las evidencias presentadas por Gutwillig revelaban que la alianza de JOH con los Cachiros tuvo lugar en 2013, cuando aspiraba a la presidencia de Honduras. En esa oportunidad planearon enviar “la mayor cantidad posible de cocaína a Estados Unidos”. De acuerdo a las pruebas que se manejaron en el juicio de Fuentes, Juan Orlando Hernández habría recibido sobornos de Fuentes por USD 25.000 en efectivo provenientes del dinero de la droga.
Se dijo, igualmente, que “Geovanny Fuentes Ramírez era, hasta su arresto por la DEA hace poco más de un año, un traficante de cocaína despiadado, poderoso y asesino en Honduras. Facilitó el envío de grandes cargas de cocaína sobornando a Juan Orlando Hernández Alvarado, entonces presidente del Congreso Nacional de Honduras y ahora presidente de Honduras. Hernández Alvarado ordenó a Fuentes Ramírez que se reportara directamente al co-conspirador convicto y excongresista hondureño Tony Hernández, hermano del presidente. Ahora, Geovanny Fuentes Ramírez, uno de los conductos criminales entre funcionarios hondureños y narcotraficantes, enfrenta una posible vida tras las rejas”.
La documentación de los fiscales federales refería respecto al establecimiento y operación del laboratorio de cocaína —citado líneas arriba— que Geovanny Fuentes y otros establecieron en el Departamento de Cortez en Honduras, Juan Orlando Hernández le habría manifestado al narcotraficante su interés en el acceso a dicho laboratorio por su proximidad a Puerto Cortés, un puerto de envío clave en la costa norte de Honduras.
JOH le habría dicho a Fuentes Ramírez que las fuerzas armadas hondureñas brindarían seguridad y que Óscar Fernando Chinchilla Banegas, el Fiscal General de Honduras, ayudarían a proteger sus actividades de narcotráfico. También que quería que la DEA pensara que Honduras estaba luchando contra el narcotráfico, pero que en cambio iba a eliminar la extradición y ‘meter drogas en las narices de los gringos’, refiriéndose a inundar Estados Unidos de cocaína”.
