Este lunes tuvo lugar la primera de muchas jornadas de alegatos donde la fiscalía dijo, ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, que tiene probado que Cristina y Néstor Kirchner crearon “una extraordinaria matriz de corrupción” generando un “perjuicio económico y social inconmensurable” en el seno del Estado. Sostuvo que “este ministerio Público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que, en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias, prestaron los aportes necesarios”.
El fiscal Diego Luciani estuvo durante horas desplegando pruebas con las que busca demostrar que los Kirchner crearon de la nada un empresariado de ficción para canalizar a través de la obra pública el dinero negro de la corrupción: “El anterior trabajo de Báez fue el de cajero de un banco. Una persona que nunca había incursionado en el rubro empresarial de manera intempestiva creó una empresa constructora y que luego se iba a quedar con todas las compañías constructoras de Santa Cruz”. Mientras se sucedían las pruebas en la pantalla del zoom, el fiscal sostuvo que Lázaro Báez fue un empresario “creado” al que “se le adjudicó el 78,4 por ciento de la obra pública vial de Santa Cruz”, y añadió que “en 39 casos, Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años. Y consiguió más de 1.500 millones de pesos en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento ilegal”.
El fiscal Diego Luciani solicitará la prisión para Cristina Kirchner por ser jefa de una asociación ilícita dedicada a extirparle fondos al Estado
Luciani destacó el famoso caso de José López, exfuncionario de Obras Públicas cuya carrera tuvo lugar exclusivamente al lado de los Kirchner, que quedó filmado tirando bolsos con millones en un monasterio. Sobre el difunto expresidente y la actual vicepresidente, la fiscalía dijo que eran: “Los jefes de la asociación ilícita consolidaron una base de poder, conocían el funcionamiento y tenían el poder de decidir, y manejaron los organismos de control”.
También se mostraron mensajes de WhatsApp que dan cuenta de reuniones de López con Cristina Kirchner en 2015 y de Cristina con Báez para “limpiar todo” y coordinar el pago de lo que se le debía a las compañías del empresario antes de que asumiera el Presidente Macri. Al respecto el fiscal expresó: “Esos mensajes permiten dilucidar de cómo fueron los últimos días del gobierno de Cristina Fernández y de cómo desde la residencia de Olivos y la provincia de Santa Cruz coordinaron los últimos pagos de certificados que se le debían a Lázaro Báez. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández”.
El fiscal hizo escuchar la declaración del presidente Alberto Fernández como prueba para demostrar la relación estrecha entre Néstor Kirchner y Lázaro Báez y citó el testimonio del arrepentido Patricio Gerbi, dueño de la empresa constructora Coarco SA, que durante el kirchnerismo fue el responsable de acordar los sobornos que le permitirían obtener la concesión de obras públicas viales y garantizarse los pagos del Estado.
Durante la actual gestión de Alberto Fernández se abandonaron desde las oficinas públicas como la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF), las acusaciones que dichos organismo habían impulsado poco tiempo antes y, en contra de lo que había actuado, la UIF milagrosamente pidió la absolución de Cristina Kirchner. Este injustificable cambio en el accionar de la UIF provocó una crisis en el organismo y la renuncia de la vicepresidente del organismo Luna Montes.
Más de ocho horas de pruebas, de lo que fue tan sólo la primera jornada de acusaciones, hacen pensar que el fiscal Diego Luciani solicitará la prisión para Cristina Kirchner por ser jefa de una asociación ilícita dedicada a extirparle fondos al Estado. Este pedido de condena se concretaría antes de fin de año. Pero a pesar de la catarata de pruebas y del minucioso trabajo de la fiscalía, si se condenara a Cristina, la pena solo se ejecutaría cuando quede firme y si la Corte Suprema rechazara los pedidos de la defensa. Esto sería dentro de mucho tiempo y con la expresidente habiendo pasado holgadamente los 70 años lo que le aseguraría una confortable reclusión domiciliaria.
Los fiscales seguirán desplegando su acusación por semanas, durante los lunes, martes y viernes próximos. Vía zoom, Cristina Kirchner seguirá presenciando las acusaciones sentada en su despacho del Senado. La impunidad de la que se sabe beneficiaria le permitirá seguir manejando los hilos del Gobierno que le pertenece y del que saca y pone figuras a su antojo. Pero para la posteridad, si a los argentinos les interesa la verdad, seguirán resonando las palabras del fiscal cuando afirmó: “Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”.
