El Gobierno de Bolivia ha acusado al expresidente Evo Morales de enviar autobuses hacia La Paz para «generar violencia y caos», en medio de una ola de protestas y bloqueos que se prolonga desde hace casi 40 días y mantiene paralizadas varias zonas del país.

El Ministerio de Obras Públicas difundió este lunes dos vídeos en los que, según el Ejecutivo, se observa la salida de cinco autobuses desde uno de los bloqueos levantados en la carretera que une Oruro con La Paz. De acuerdo con la versión oficial, en esos vehículos viajaban «personas enviadas por Evo Morales» con el objetivo de provocar disturbios en la capital.

La cartera denunció además que los bloqueos impiden el paso de productos de primera necesidad y afectan directamente a familias, enfermos y niños.

«No les importa que niños y enfermos esperen insumos vitales. No les importa que las familias sufran desabastecimiento. Han llegado al extremo de apedrear ambulancias, atacando vehículos que transportan vidas y atienden emergencias. Esta no es una protesta. Es una acción criminal», señaló el Ministerio.

El Gobierno boliviano responsabilizó a los impulsores de los bloqueos de las consecuencias sociales y sanitarias de la crisis. «Quienes bloquean deben asumir la responsabilidad por cada enfermo que no recibe atención, por cada familia que no puede acceder a alimentos y por cada acto de violencia que intentan desatar en La Paz», añadió, según recoge El Deber.

Este lunes se cumplen 39 días desde el inicio de las grandes protestas en La Paz, que posteriormente se extendieron a otras regiones del país. Los disturbios han provocado enfrentamientos con las fuerzas policiales y el levantamiento de cerca de un centenar de bloqueos, concentrados principalmente en La Paz y Cochabamba, bastión político de Morales.

A la huelga indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana —el principal sindicato del país— se han sumado bloqueos de carreteras impulsados, en parte, por colectivos campesinos y rurales.

En un primer momento, los manifestantes reclamaban mejoras en sus condiciones de vida y en sus sectores, en un contexto de profunda crisis social y económica. Sin embargo, con el paso de los días, las protestas han elevado sus exigencias hasta reclamar la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La tensión política se produce mientras Morales mantiene un pulso abierto con el actual Gobierno boliviano y conserva una fuerte capacidad de movilización en determinadas regiones del país.

En paralelo, el Congreso de Bolivia ha aprobado, tras un extenso debate, la llamada Ley de Regulación de los Estados de Excepción, que permite al Ejecutivo desplegar a las Fuerzas Armadas para romper bloqueos.

La aprobación de esta norma marca un nuevo punto de inflexión en la crisis boliviana. El Gobierno sostiene que necesita herramientas para restablecer el orden, garantizar la circulación de alimentos, proteger a los enfermos y evitar que los bloqueos deriven en un colapso nacional.