El Gobierno de Javier Milei avanza en el desmantelamiento de otro de los símbolos históricos del intervencionismo peronista: los grandes complejos de hoteles estatales destinados al denominado «turismo social».
El Ejecutivo argentino ha abierto una licitación para entregar durante 30 años la gestión privada del complejo de Chapadmalal, situado frente al Atlántico y formado por nueve hoteles construidos a finales de la década de 1940 durante el Gobierno de Juan Domingo Perón.
El otro gran complejo estatal del país, compuesto por siete hoteles situados junto a un lago en la provincia de Córdoba, será directamente vendido.
La medida supone el final de un modelo en el que el Estado no sólo regulaba la actividad turística, sino que también administraba hoteles, subvencionaba estancias y asumía los costes de alojamiento y manutención de miles de trabajadores.
Hasta hace pocos años, los argentinos podían permanecer durante una semana en Chapadmalal con pensión completa por precios subsidiados que, en algunos casos, apenas alcanzaban los tres o cuatro dólares por noche.
El complejo llegó a alojar simultáneamente a unos 5.000 huéspedes, que accedían a vacaciones junto al mar mediante programas financiados con dinero público. Chapadmalal fue concebido durante la primera etapa del peronismo como una materialización del supuesto «derecho al ocio» de los trabajadores.
El proyecto fue impulsado bajo el mandato de Perón y asociado especialmente a la figura de su esposa, Eva Perón, convertida posteriormente en símbolo del sistema asistencialista argentino. Los complejos ofrecían alojamiento, comidas, actividades recreativas y fiestas populares a precios muy por debajo de los costes reales.
Para el peronismo, estas instalaciones representaban una conquista social. Para el Gobierno de Milei, constituyen otro ejemplo de un Estado sobredimensionado que utiliza los impuestos para administrar actividades que pueden ser desempeñadas por empresas privadas.
El Ejecutivo mantuvo cerrado Chapadmalal durante la última temporada turística, concluida en abril, y eliminó el pasado año la obligación legal del Gobierno de proporcionar programas de turismo social. En marzo, las autoridades anunciaron formalmente el proceso para otorgar la concesión privada del complejo.
El terreno de Chapadmalal no puede ser vendido debido a las condiciones establecidas cuando la propiedad fue adquirida en los años cuarenta. Por ello, el Gobierno ha optado por conceder su explotación a un operador privado durante tres décadas.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ha defendido que no existe justificación económica para que el Estado argentino gestione hoteles. «No tiene sentido que el Estado administre una actividad compleja en la que no posee ventaja competitiva ni experiencia», afirmó.
Sturzenegger sostiene que una empresa privada podrá modernizar las instalaciones, mejorar los servicios y aumentar el valor turístico de un complejo deteriorado después de décadas de gestión pública. El presupuesto destinado al turismo social rondaba los siete millones de dólares cuando el Gobierno comenzó a reducir sus operaciones en 2024.
Para Milei, mantener hoteles financiados por el contribuyente resulta incompatible con su programa de reducción del gasto público, equilibrio fiscal y liberalización económica.
La decisión forma parte de una ofensiva más amplia contra la estructura económica heredada del peronismo, basada en empresas estatales, subsidios, proteccionismo industrial y una legislación laboral rígida.
