La Cámara de Diputados de Chile, a propuesta del Gobierno de Kast, ha aprobado y despachado al Senado el proyecto que busca endurecer las condiciones de acceso de inmigrantes en situación ilegal a prestaciones financiadas con recursos públicos.
La iniciativa, que modifica la actual normativa de Migración y Extranjería, obtuvo un respaldo mayoritario en la Cámara Baja, con 95 votos favorables frente a 48 en contra y 7 abstenciones. Posteriormente, uno de sus apartados fue sometido a votación específica, siendo igualmente validado aunque con un apoyo algo menor.
El texto plantea que, para poder optar a ayudas estatales, los ciudadanos extranjeros deberán contar con documentación en regla. En concreto, se exigirá disponer de una cédula de identidad vigente emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación como requisito imprescindible para acceder a beneficios financiados por el Estado.
Además, en el caso de prestaciones económicas directas —como subsidios de vivienda o ayudas al arriendo—, se establece una condición adicional: será necesario acreditar la residencia definitiva en el país. De esta manera, quienes se encuentren en situación administrativa irregular quedarían excluidos de estas ayudas.
Otro de los puntos clave de la propuesta es la priorización de los ciudadanos chilenos en el acceso a servicios básicos como la sanidad y la educación. Aunque se mantienen los principios esenciales de protección recogidos en la legislación vigente, el proyecto introduce criterios que sitúan en primer lugar a los nacionales frente a extranjeros sin regularizar.
La reforma también contempla impedir la asignación de identificadores temporales o permanentes a personas que hayan ingresado al país por pasos no habilitados, reforzando así el control administrativo sobre este colectivo.
Los impulsores de la medida justifican estos cambios en el fuerte aumento de la inmigración ilegal en los últimos años. Según los datos citados en el proyecto, esta población habría crecido más de un 3.000% entre 2018 y 2023, superando las 336.000 personas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y del Servicio Nacional de Migraciones.
Asimismo, el texto vincula este incremento con posibles problemas de seguridad, al considerar que en muchos casos no se dispone de información completa sobre quienes entran al país sin control fronterizo, más allá de los procesos de registro voluntario posteriores.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto continuará ahora su tramitación en el Senado, donde deberá ser debatido antes de su eventual entrada en vigor.
