El Gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, ha anunciado que eliminará los planes sociales a los beneficiarios que estén detenidos a disposición del Poder Judicial o cumplan una condena penal firme, en un intento de endurecer las políticas contra el delito y terminar con lo que considera «privilegios injustificados» en el sistema penitenciario.
La decisión fue dada a conocer por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa de ayer lunes. Según explicó, se trata de una iniciativa articulada entre el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, y el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
«La prisión no puede seguir funcionando como un sitio de confort. Esta gestión sostiene que quienes cometieron delitos deben asumir las consecuencias, sin premios ni consideraciones especiales», afirmó Adorni. En esa línea, recordó que ya se les había retirado el acceso a teléfonos móviles y se había puesto en marcha el programa Ocio Cero, que busca que los internos trabajen mientras cumplen sus condenas.
Esta medida se suma a un paquete de decisiones que el Ejecutivo ha comenzado a aplicar en áreas sensibles, como el sistema de salud para jubilados.
El nuevo mecanismo, según se detalló, prescindirá de intermediarios y prevé el envío directo a los domicilios de los beneficiarios. Con este cambio, la administración de Javier Milei afirma que logrará un ahorro estimado de 5.000 millones de pesos anuales y mejorará la calidad de los productos entregados.
Durante el fin de semana, Adorni también se pronunció sobre este tema en redes sociales, donde denunció que durante años «se hicieron negocios turbios con los pañales de los jubilados», permitiendo la circulación de insumos de baja calidad. «Sí, llegaron a robarse hasta los pañales de los abuelos», escribió el portavoz en su cuenta de X (antes Twitter), calificando la situación de «verdadero escándalo».
El proceso, explicó luego en rueda de prensa, fue realizado mediante una licitación pública con criterios de eficiencia y transparencia. La intención es bloquear cualquier intento de reventa o especulación con los insumos en plataformas digitales, práctica que —según señaló— era común con el sistema anterior.
