La crisis del proceso electoral en Perú se profundiza. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha denunciado que aún no ha recibido más de 30.000 actas electorales que permanecen bajo custodia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pese a haber realizado «reiteradas» solicitudes.
El organismo ha advertido de que la entrega de estos documentos es «indispensable» para completar el cómputo electoral, subrayando que sin ellos no puede garantizarse la revisión conforme a ley ni la resolución definitiva del proceso.
Hasta ahora, el JNE ha logrado procesar más de 33.000 actas, pero la ausencia de otras 30.000 mantiene bloqueada una parte sustancial del escrutinio. Además, el organismo ha alertado de que tampoco dispone de los ejemplares que le corresponden para realizar el cotejo en caso de apelaciones, lo que compromete su función como máxima instancia jurisdiccional electoral.
El escándalo se produce en medio de una creciente ola de denuncias por irregularidades, en línea con las advertencias formuladas por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien ha señalado que cientos de miles de votos podrían haber quedado sin contabilizar debido a fallos logísticos y falta de material electoral.
La situación ha provocado ya la caída de uno de los principales responsables del proceso. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, presentó su dimisión este martes, apenas horas antes de comparecer ante la Fiscalía en el marco de la investigación por las irregularidades detectadas.
En su carta de renuncia, Corvetto reconoció los «problemas técnicos operativos» registrados durante la jornada electoral del 12 de abril, especialmente en Lima, y calificó su salida como «necesaria e impostergable». El escenario es cada vez más claro: actas sin entregar, un proceso bloqueado y responsables que dimiten en plena investigación.
