«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
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EL CORREÍSMO LO SUSPENDIÓ EN 2009

El legislador Esteban Torres propone reevaluar el porte de armas en Ecuador

El legislador ecuatoriano Esteban Torres Cobo. Twitter

Defenderse ante la delincuencia que azota a la población civil podría ser una realidad en Ecuador. El porte y tenencia de armas de fuego vuelve a la mesa de debate en el poder Legislativo del país sudamericano, en medio de una crisis carcelaria y el peor índice de violencia en la nación.

¿Armas para qué?”, llegó a decir una vez Fidel Castro en uno de sus primeros discursos al tomar el poder en Cuba, desarmando a la población civil y asegurándose de aplacar cualquier intento de resistencia frente a lo que luego fue un opresivo régimen comunista. Más de medio siglo después, el partido único sigue en el poder. Todo régimen autoritario ha actuado de igual manera. Ecuador no es la excepción. Bajo el gobierno socialista de Rafael Correa los ecuatorianos fueron despojados del derecho a la legítima defensa en el 2009.

“Finalmente la tenencia y porte de armas serán parte del eje de la discusión nacional entre todos los poderes del Estado”, exclamó recientemente a propósito de este tema el legislador Esteban Torres Cobo, jefe de la Bancada del Partido Social Cristiano y promotor de la legítima defensa para los ecuatorianos.

La Gaceta de la Iberosfera se comunicó con el parlamentario -firmante de la Carta de Madrid- para conocer la viabilidad de esta reforma y su aplicación. Se trata de un instrumento legal que daría a los ecuatorianos el derecho a defenderse. Desde que existe Ecuador como nación el porte de armas ha sido legal, tradición histórica que fue vulnerada durante el correísmo. Bajo el sistema de la Corona española, por ejemplo, se tenía no solo el derecho sino el deber de estar armado.

-¿En qué consiste el proyecto de ley?

Yo presenté en diciembre del 2020 la primera reforma a la ley de armas de 1980 que de alguna manera desarrolló el tema de las armas en Ecuador que está vigente desde la fundación del Ecuador. Jamás ha habido una prohibición ni constitucional ni legal hasta este momento, debido a lo que pasó desde el 2009. Hubo una serie de regulaciones a nivel de decreto presidencial y acuerdo ministerial que han impedido este derecho al punto de que es prácticamente imposible que un ciudadano que cumple los requisitos que establecía la ley acceda a un medio de defensa.

Requisitos necesarios deberían ser no tener antecedentes penales y someterse a un examen psicológico. Si la persona tiene tendencias agresivas o suicidas no puede tener un arma. Además, debe ser sometida a una examinación de horas de teoría y práctica sobre cuándo se puede usar el arma en caso de necesidad. Esa es mi reforma.

Hay otras reformas al Código Integral Penal para establecer el estado de necesidad, que establece cuándo se puede usar un arma en defensa propia, para defender la vida, a la familia. Es la excepción para usar la fuerza. Debe haber algún tipo de regulación menos fuerte que la que se tiene ahora.

Salvo en casos excepcionales como ganaderos, ha habido un poco de regulaciones menos fuertes. Pero que les impide en este momento también a ellos o renovar permisos u obtener armas.

-¿Qué falta para que se apruebe?

Evidentemente voluntad política, que parece que no existe, y voluntad institucional. La Asamblea es la que debería aprobar una reforma así. Pero este tema es un tabú para la gran mayoría de grupos políticos e incluso asambleístas. Por eso prefieren no hablar del tema. Y yo aproveché esta mesa de seguridad convocada por el presidente de la Asamblea para que este tema se discuta. Porque si yo no lo hacía, seguía “pasando de agache” (expresión ecuatoriana que implica no hacer nada). Porque a nadie le gusta hablar. Muchos piensan que es un tema que se presenta a cambio de votos. Otros tienen miedo, no sé a qué.

Pero lo cierto es que para que se apruebe primero debe abrirse el debate en la comisión. No se ha abierto el debate en la comisión. Y que llegue esto luego al pleno y evidentemente que tenga una vocación. Sin embargo, esta también ha sido una medida de presión para que el Gobierno, que con una sola firma puede cambiar y mejorar lo que está pasando con las armas actualmente, lo haga. Y me refiero sobre todo al decreto presidencial que prohíbe o pone requisitos muy extremos para el tema de las armas. O el acuerdo interministerial que creó una confusión total y que son los dos grandes obstáculos en este momento.

Ante la delincuencia que se vive en el Ecuador, ¿cree que esta reforma puede reducir la inseguridad?

Yo creo que sí. Entendiendo que la inseguridad es un problema integral. El tema de las armas no es una solución al problema de la inseguridad de manera total. Pero es un aporte mínimo, creo yo, para que las personas puedan defenderse en sus hogares y en sus negocios y generar lo que en economía se conoce como una externalidad positiva que mediante la disuasión obligue a que una persona piense dos veces antes de robar en una casa o matar a alguna persona.

El 88% de los delitos en Ecuador se cometen con armas de fuego ilegales que provienen de la frontera amazónica. Hay de 60 a 70 mil armas registradas en el Ecuador, pero los delincuentes tienen en estos momentos 5 veces más armas, de 350 mil a 400 mil armas. Se asaltan zonas residenciales de Quito y Guayaquil con armas de asalto. Se puede replicar lo de Brasil, pero es preferible atenerse a la experiencia ecuatoriana.

Respeto a los que se oponen a la portación de armas -y están en su derecho- vean la experiencia ecuatoriana. Cómo era antes del desarme civil y cómo es ahora. No se creará un viejo oeste. Es preocupante lo que vive el Ecuador.

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