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132 LEGISLADORES LA VOTARON FAVORABLEMENTE

El Legislativo de Ecuador da luz verde a una ley que impondrá penas más duras en casos de asesinato, narcotráfico y secuestro

Asamblea Nacional de Ecuador. Europa Press

Ya cuenta con aprobación legislativa una ley que permite aumentar penas en 12 tipos de delitos. La población civil del Ecuador votó a favor de una Consulta Popular, un plebiscito, que lo habilita. Ahora se puede hacer efectiva. Su meta es aumentar la seguridad y justicia, por medio del incremento de las condenas en delitos como asesinato, secuestro, minería ilegal y narcotráfico. También agrava la trata de personas, asesinato, sicariato, secuestro extorsivo y la producción y tráfico de drogas

Por unanimidad, los 132 legisladores ecuatorianos aprobaron el texto definitivo de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum. Por medio de sus canales oficiales lo informaron.

Como parte de la lucha contra el crimen organizado que sufre la nación sudamericana, el Ejecutivo buscó el apoyo popular para hacer las reformas necesarias para combatirlo de forma legal. Para ello consolidó primero el respaldo de la población para luego pasar por la Asamblea Nacional, el equivalente al Congreso en Ecuador.

Cabe destacar la importancia de esta medida y cómo se aplicó para eludir partidismos y tensiones políticas. Al requerir aprobación parlamentaria las nuevas leyes y modificaciones a las mismas, el mandatario optó por validarlo primero con la ciudadanía y desde allí que la Asamblea Nacional actúe acorde a quienes está llamada a representar. Así surge la unanimidad.

¿Qué falta ahora?

Ahora falta el apoyo del Ejecutivo, del presidente de la nación. Pero al ser su propio Gobierno el que promovió las medidas, se entiende que esto pasará sin problema. Lo único distinto a lo planteado por el Gobierno inicialmente fue una modificación al artículo 7 del proyecto. Este se refiere a las penas en el caso de delitos relacionados con la minería ilegal. Aplica tanto a nivel artesanal como a gran escala, y su vinculación con actividades del crimen organizado.

La afectación ambiental será gravada. Tendrían penas privativas de libertad de entre 16 a 20 años, y de hasta de 22 a 26 años. En lo que respecta al resto de los delitos se incrementan hasta en el triple de lo que son actualmente. El financiamiento del terrorismo y la delincuencia organizada son los delitos que serán castigados con más severidad. La pena aumentará 16 y 17 años respectivamente.

¿Cuáles son los delitos y las condenas que aumentan?

En el caso del terrorismo, en términos generales pasaría de  10 a 13 años a una de 19 a 22 años. Si cumplen alguna de 9 causales, pasa de 13 a 16 años a  una de 22 a 26 años. Si provocan la muerte de personas esta pasa de 22 a 26 años a una de 26 a 30 años.   

Si se comprueba financiación del terrorismo, la condena pasaría de 7 a 10 años a una de 22 a 26 años; en términos generales.

Para producción de drogas, la pena pasa de 7 a 10 años a una de 13 a 16 años. Eso en caso de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados. En caso de precursores y químicos controlados, pasa de 3 a 5 años a una de 7 a 10 años.

Asimismo, el tráfico de drogas pasa de 1 a 3 años a una de 3 a 5 años. Varía de acuerdo a la escala. La mínima escala pasa de 3 a 5 años a una de 5 a 7 años. La mediana escala pasa de 5 a 7 años a una de 19 a 22 años. Y alta escala pasa de 10 a 13 años a una de 22 a 26 años.

Para lograr aplicar estas penas, el texto final de la Asamblea Nacional incluye reformas al Código Integral Penal. Como es común, organismos que se proclaman de Derechos Humanos tienden a protestar en contra de estas medidas.

Pero desde enero, ante la declaración de guerra contra el crimen organizado, la población ecuatoriana se ha posicionado en contra de esa corriente garantista (al punto que repartieron tablas de madera con la expresión “Derechos Humanos” para que los militares repriman a los delincuentes) y a favor de una postura más punitiva. Y, si sigue su curso, pronto será ley.

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