El Parlamento de Venezuela ha aprobado este jueves la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que abre la puerta a excarcelar a quienes estén detenidos por razones políticas en casos a partir de 1999.

El proyecto ha salido adelante con los votos de la unanimidad de la cámara dirigida por Jorge Rodríguez, quien ha aprovechado para «saludar y felicitar la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial», así como los miembros de la Asamblea Nacional.

Los diputados han aprobado la iniciativa en su segunda lectura, que fue aplazada en medio de las discrepancias entre el oficialismo y la oposición por uno de los artículos del texto que apuntaba a que los beneficiarios se tuvieran que poner «a derecho», es decir, a disposición de las autoridades pertinentes. Pese a ello, durante la primera sesión parlamentaria, los diputados aprobaron por unanimidad hasta otros seis artículos de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

El documento aprobado este jueves mantiene que los presos que puedan acogerse a la amnistía deben presentarse a las autoridades, si bien establece que aquellas personas que se exiliaron puedan se representados por un abogado o abogada de su «confianza y elección» mientras se tramita su solicitud. Además, impide la detención de los beneficiarios durante el tiempo que esté en curso el trámite.

Asimismo, el texto incluye la creación de una comisión especial de seguimiento de la ley, con la responsabilidad de velar por el cumplimiento y ejecución del nuevo marco legal, que ya ha sido enviado a la mandataria para su firma y difusión en la gaceta oficial venezolana.

Por otra parte, la ley se aplicará en base a unos hechos cometidos en el marco de trece eventos recogidos en el artículo 8 del texto, entre ellos la salida del poder de Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.

Con todo, quedan excluidos los delitos de «corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes».