La Asamblea Nacional de Venezuela retomó el martes la discusión para la eventual aprobación de un paquete de leyes que pone en la mira el funcionamiento de las oenegés que hacen vida en el país caribeño, a la vez que contempla la regulación de las redes sociales y el combate a las expresiones de «fascismo» dentro del mismo.
La imposición de este instrumento jurídico, que hasta ahora se mantiene en discusión en el Parlamento venezolano, se enmarca dentro de la última arremetida del régimen de Maduro contra la oposición, tras los cuestionados comicios presidenciales del 28 de julio, en los que distintos actores han denunciado un gigantesco fraude perpetrado contra la voluntad popular.
En dichos comicios, reclamados con actas en mano por la oposición venezolana, el Consejo Nacional Electoral atribuyó el triunfo a Maduro con cerca del 52% de los votos, quien con ello accedería a su tercer mandato consecutivo.
El anuncio de estos resultados provocó una ola de indignación en la nación hispanoamericana, generando protestas en varias partes del país. Las mismas han dejado hasta ahora un saldo de 25 muertos, 192 heridos y cerca de 2.400 detenidos, de acuerdo a cifras oficiales manejadas por las autoridades venezolanas.
Uno de los apartados más polémicos de este paquete jurídico, la cuestionada ley contra el fascismo, prescribiría la ilegalización de partidos opositores y la suspensión de manifestaciones y reuniones que sean catalogadas como «fascistas», así como multas de hasta 100.000 dólares a empresas que promuevan este tipo de ideología.
