El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha denunciado este viernes que las autoridades judiciales, una «mafia política enquistada en las instituciones del Estado», han llevado a cabo un golpe en el país para impedir la transición de poder.
«Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país», ha destacado en una rueda de prensa.
En este sentido, ha señalado directamente a la fiscal general del país, María Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche, al juez séptimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, Fredy Orellana, así como a la Junta Directiva del Congreso.
Arévalo ha indicado que hay un «golpe de Estado en curso» en el que «el aparato de la justicia» está siendo usado «para violar la justicia misma», «burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas» mediante «acciones espurias, ilegítimas e ilegales».
«Recordamos que es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en nuestra Constitución», ha destacado, instando a la población a actuar al respecto y agregando que ya han tomado «acciones legales y políticas» necesarias para «garantizar el respeto a la voluntad popular».
