El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha convocado a los tres poderes del Estado para afrontar uno de los mayores escándalos derivados del descontrol migratorio registrado durante los últimos años: más de 200 niños y adolescentes haitianos que entraron en el país se encuentran actualmente en paradero desconocido.
Los menores llegaron principalmente entre enero y octubre de 2025, durante el Gobierno izquierdista de Gabriel Boric, mediante procedimientos de reunificación familiar que debían garantizar que serían recibidos por familiares residentes legalmente en Chile.
Sin embargo, una investigación de la Contraloría reveló graves irregularidades en el proceso. En una muestra de 105 casos, 64 menores no fueron localizados en las direcciones declaradas ante las autoridades. La Fiscalía chilena investiga ahora un posible entramado de tráfico de personas, cohecho, soborno y falsificación de documentos públicos.
Vuelos chárter y adultos sin relación familiar
Los menores habrían llegado a Chile en vuelos chárter procedentes de Haití, acompañados por adultos chilenos y extranjeros con quienes, en numerosos casos, no mantenían ningún vínculo sanguíneo. Las autoridades han detectado patrones repetidos, como la presencia de un único adulto responsable de varios niños o la entrada de menores sin documentación suficiente.
El programa de reunificación familiar exige, en teoría, que los padres o familiares residentes en Chile dispongan de residencia definitiva, carezcan de antecedentes penales y puedan acreditar empleo y medios para mantener a los menores.
No obstante, la falta de controles efectivos permitió que centenares de niños entraran sin que el Estado pudiera comprobar posteriormente dónde vivían, quién los custodiaba o si sus derechos estaban siendo respetados. Entre 2022 y 2025, Chile autorizó más de 16.000 procesos de reunificación familiar de ciudadanos haitianos, una parte considerable de ellos correspondientes a menores.
El Gobierno de Boric flexibilizó los controles
El actual director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, ha señalado que el Ejecutivo de Boric flexibilizó en 2024 los requisitos para facilitar la entrada de menores procedentes de Haití, país sumido en una profunda crisis de violencia e inestabilidad.
Según Sauerbaum, aquella decisión pudo favorecer una llegada masiva sin los controles necesarios y provocar que el Estado perdiera el rastro de algunos de los niños. Las primeras alertas sobre irregularidades se remontan incluso a 2022 y 2023. En uno de los episodios conocidos, un avión aterrizó en Santiago con 14 menores indocumentados y tuvo que ser devuelto.
La Fiscalía trata ahora de determinar si las deficiencias fueron únicamente administrativas o si existió una red organizada que utilizó la política migratoria y los procedimientos de reunificación para introducir menores de manera ilegal.
Kast ordena actuar «con la máxima urgencia»
Ante la gravedad del caso, Kast ha convocado en el Palacio de La Moneda a representantes del Gobierno, la Corte Suprema, el Congreso, la Fiscalía, la Contraloría y las fuerzas de seguridad. El objetivo es cruzar todas las bases de datos disponibles, identificar a los menores y determinar si alguno ha sido víctima de explotación, abandono, trata o cualquier otra vulneración.
La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, dirigirá una fuerza especial encargada de coordinar a los distintos organismos públicos. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, ha asegurado que el Gobierno no descansará hasta conocer el paradero y el estado de cada uno de los niños.
La Cámara de Diputados también ha aprobado la creación de una comisión investigadora para examinar la actuación de las instituciones responsables del ingreso, registro, seguimiento y protección de menores extranjeros.
