«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Los socialistas y CHEGA ya han anunciado su voto en contra

El primer ministro de Portugal presenta una moción de confianza que tiene la derrota garantizada: «No entiende la gravedad de la situación»

El primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro. Europa Press

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha presentado una moción de confianza tras la revelación de presuntas irregularidades en la adquisición de propiedades sin financiación bancaria y la vinculación de empresas con Spinumviva, la consultora familiar del líder del Partido Social Demócrata (PSD). En este sentido, los otros dos principales partidos, los socialistas y CHEGA, ya han anunciado su voto en contra, lo que llevaría a una derrota segura y a la convocatoria de elecciones anticipadas.

Durante el debate sobre la moción de censura al Gobierno presentada por el Partido Comunista Portugués (PCP) para «frenar la degradación de la situación nacional», el primer ministro propuso la moción de confianza tras el rechazo de la moción de censura, con la abstención de los otros dos grandes partidos. Montenegro reconoció que las elecciones anticipadas «no son deseables, pero podrían ser un mal necesario para evitar la degradación de las instituciones y la estabilidad política».

Respecto a ello, el presidente de CHEGA, André Ventura, ha afirmado que su partido votará en contra de la moción de confianza, ya que considera que el primer ministro «no entiende la gravedad de la situación y busca mantenerse en el poder a toda costa». Por su parte, el líder del Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, ha criticado a Montenegro por preferir convocar elecciones antes que «dar explicaciones sobre su empresa y su patrimonio».

Finalmente, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha prometido actuar «rápido» y no ha descartado que puedan celebrarse elecciones anticipadas entre el 11 y el 18 de mayo, en caso de que la moción sea rechazada. No obstante, ha asegurado que escuchará primero a todos los partidos y al Consejo de Estado para definir «un calendario de intervención lo más rápido posible».

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